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Revista mexicana de sociología

versión impresa ISSN 0188-2503

Rev. Mex. Sociol vol.70 no.3 México jul./sep. 2008

 

Artículos

 

Los movimientos sociales en la incipiente democracia mexicana. La huelga en la UNAM (1999–2000) y la marcha zapatista (2000–2001)1

 

Social Movements in the Incipient Mexican Democracy. The UNAM Strike (1999–2000) and the Zapatista March (2000–2001)

 

Miguel Armando López Leyva*

 

* Doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales–sede México. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Temas de especialización: democratización con acento en las formas organizativas de la sociedad (movimientos sociales). Domicilio: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 04510. Tel.: 5622 7407. Correo electrónico: leyvapato@yahoo.com.mx.

 

Recibido el 4 de agosto de 2007
Aceptado el 2 de mayo de 2008

 

Resumen

¿Cuál ha sido el efecto del entorno político en los movimientos sociales a raíz de la instauración de la democracia en 1997? En este artículo se argumenta que los movimientos sociales aparecidos desde ese año no han aceptado las limitaciones establecidas por tal régimen, así hayan hecho uso de los recursos institucionales que les ofrece. Lo anterior se intentará ilustrar a partir del análisis, mediante la aplicación del modelo del proceso político (también conocido como estructura de las oportunidades políticas), de dos casos particulares: la huelga en la UNAM, emprendida por el Consejo General de Huelga (1999–2000), y la marcha indígena a la ciudad de México, llevada a cabo por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (2000–2001).

Palabras clave: democracia, movimientos sociales, estructura de oportunidades políticas.

 

Abstract

What effect has the political environment had on social movements as a result of the establishment of democracy in 1997? This article argues that the social movements that have emerged since then have not accepted the limitationsimposed by this regime, despite using the institutional resources they have been offered. The author attempts to illustrate this through analysis, by applying the political process model (also known as the political opportunities structure) to two particular cases: the UNAM strike, organized by the General Strike Council (1999–2000) and the indigenous march to Mexico City, led by the National Zapatista Liberation Army (2000–2001).

Key words: democracy, social movements, structure of political opportunities.

 

En las últimas décadas, México atestiguó el surgimiento y evolución de organizaciones y movimientos sociales cuyo impacto ha sido determinante en la configuración actual del orden político. Desde las invasiones de tierras, la formación de movimientos urbano—populares y la "insurgencia sindical" en los años setenta; la autoorganización vecinal derivada de los sismos de 1985 y la convergencia social en torno a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, hasta la colaboración con el gobierno de Carlos Salinas (1988–1994) y las expresiones de simpatía y apoyo generadas por el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la presencia de la sociedad ha sido una constante en la vida política del país.2

Este periodo de efervescencia social puede leerse, desde la lente de la teoría de la democratización, como una transición prolongada del autoritarismo a la democracia (Labastida y López Leyva, 2004), constituida por dos etapas: liberalizadora (1977–1988) y democratizadora (1988–1996/97). En la primera, funcionaba una lógica de un actor hegemónico (el Partido Revolucionario Institucional, PRI) que controlaba todos los recursos y copaba prácticamente todos los espacios de representación y toma de decisiones; en la segunda, se cuestionó dicha hegemonía, y aunque el partido siguió siendo dominante en el mapa político nacional, disminuyeron sus capacidades y recursos y resultó balanceado por otras fuerzas políticas gracias a que comenzaron a ganar creciente terreno (tanto el Partido Acción Nacional, PAN, como el Partido de la Revolución Democrática, PRD).

En la interrelación de las políticas contenciosa (efervescencia social) e institucional (transición prolongada), ambas etapas mantenían la misma dinámica del régimen autoritario previo: enfrentamiento directo entre el actor hegemónico/dominante y los grupos sociales demandantes. De acuerdo con Favela Gavia (2006), los gobiernos del PRI entre 1946 y 1997, se ajustaban a un comportamiento paradójico, porque combinaban medidas represivas y excluyentes con acciones reformistas y de beneficio material.3 Este uso combinado de estrategias para enfrentar a los disidentes tenía un sentido especial que hacía aparente la paradoja mencionada: si bien la represión era el instrumento principal de desmovilización de los grupos opositores, se atendían las demandas de éstos sin reconocérseles legitimidad alguna como actores políticos para participar en la resolución de los conflictos (de hecho, el gobierno escogía a las organizaciones oficialistas para la entrega de los beneficios económicos respectivos). En palabras de la autora:

Con la exclusión de los grupos disidentes, el gobierno definió los objetivos del proceso de toma de decisiones principalmente atendiendo el mandato de garantizar la estabilidad y la legitimidad necesarias para mantener y reproducir la estructura autoritaria del sistema político [...] aunque el reformismo fue un recurso frecuentemente empleado por el gobierno para enfrentar la movilización social, mantuvo su carácter autoritario al atender las necesidades y demandas manifiestas de los grupos movilizados en una manera tardía y, en cierta forma, tergiversada (idem.: 117 y 119).4

Como derivación de lo anterior, puede decirse que la forma y el alcance de las protestas estaban justificadas a priori, acaso porque la legitimidad de los gobernantes se percibía deficiente —los comicios de 1988 pusieron en cuestionamiento la veracidad del triunfo del candidato del PRI, Salinas— y las demandas de los grupos reclamantes se percibían justas.

La transición democrática culminó exitosamente con la celebración de los comicios intermedios de 1997, al producirse la primera experiencia de gobierno dividido y romperse el escenario anterior de desequilibrio de un actor prevaleciente (hegemónico/dominante) y de otros actores con menor fuerza e influencia, e instaurarse uno nuevo, de equilibrio, en el que tres actores políticos tienen empuje e influencia similares. Esta modificación en el entramado político del país tuvo su refrendo en las elecciones de 2000, con la alternancia en el poder presidencial y la reproducción de la situación de gobierno dividido. A partir de estos dos eventos, propios de un régimen democrático, en el país se celebraron elecciones libres, limpias y competitivas, fundadas en el ejercicio real del voto, siendo así que el origen de la legitimidad de los gobernantes reside ya en la formación, expresión y agregación efectiva de las preferencias de los ciudadanos.5

La convergencia de estas transformaciones sociales y políticas hace pertinente la pregunta: ¿cuál ha sido el efecto del contexto democrático en los movimientos sociales?, formulada de otro modo: ¿cuáles han sido las respuestas generadas por los movimientos sociales ante la desaparición del régimen autoritario? Para dar respuesta a este par de preguntas, nos guiaremos por el siguiente argumento. La democracia, a diferencia del autoritarismo, ofrece posibilidades para la acción colectiva contenciosa dentro del marco legal; las reglas de procesamiento de conflictos mediante las cuales los actores de la política formal interaccionan son útiles si son explotadas adecuadamente porque se estiman acordes con los objetivos de lucha (es decir, si se siguen hasta sus consecuencias últimas). No obstante, los movimientos sociales que han aparecido en México desde 1997 no aceptan las limitaciones establecidas por la democracia —es decir, no se siguen hasta las últimas consecuencias las "reglas del juego" de las que son partícipes— incluso si hacen uso de los recursos institucionales que les ofrece dicho régimen.6

Desde esta perspectiva, aunque los movimientos consigan explotar para su beneficio las posibilidades expuestas por la política institucional, cuando el resultado les es adverso en esa arena retoman el marco de entendimiento del viejo régimen para plantear su acción opositora. Es decir, en su práctica y visión omiten la imagen de complejidad del entorno político imperante, de múltiples actores en los espacios de representación y toma de decisiones, y proponen una confrontación con un actor único, acaparador de espacios y decisor omnipotente, como reflejo de la situación experimentada en los años de autoritarismo y transición.7

Para defender este argumento, nos proponemos explorar dos casos paradigmáticos de los últimos tiempos, uno antes de la alternancia, la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otro después de la alternancia, la marcha del EZLN a la ciudad de México. Estos casos servirán para ilustrar —sin pretensiones generalizadoras— las respuestas sociales a las condiciones democráticas imperantes: el rechazo y la inadaptación. Para analizarlos, utilizaremos una perspectiva teórica poco usual en el estudio en el país de los movimientos sociales, la llamada estructura de oportunidades políticas (EOP) o modelo del proceso político,8 una de cuyas vetas de estudio es, a decir de Schaefer y Carmin (2005), la relación entre los movimientos y sus entornos externos. Más aún, en cómo los movimientos responden a cambios en las condiciones políticas, tanto en su surgimiento como en su sobrevivencia y estrategias de movilización, sea en contextos nacionales o subnacionales.9

 

LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO POLÍTICO

¿Por qué es importante el estudio del "entorno" de los movimientos sociales? ¿Qué ofrece a los estudiosos una perspectiva de esta índole? De acuerdo con Klandermans (1997: 167),

los agravios, los recursos y el significado pueden ser conceptos importantes en las teorías de la participación en los movimientos, pero sin el concepto de 'oportunidades', cualquier intento de teorización necesariamente quedará corto. Las oportunidades políticas determinan la trayectoria, los cambios y el éxito de un movimiento [...] las oportunidades políticas anteceden a los movimientos, y son elaboradas, percibidas y valoradas por los movimientos.10

La clave de esta corriente teórica está en fijar su atención en el mundo exterior que los delimita, bajo la premisa de que los factores exógenos amplían o inhiben sus posibilidades de movilizarse, en términos de avanzar ciertos reclamos en lugar de otros, formar determinadas alianzas en lugar de otras, emplear estrategias y tácticas determinadas en lugar de otras, y afectar la estructura institucional de la política (Meyer, 2004).

Si existe esa fuerte relación de "determinación", entonces la importancia de esta perspectiva reside en resaltar la naturaleza eminentemente política de los movimientos, y la necesaria interacción entre éstos y el régimen y/o sistema político en el que se reproducen; en ese sentido, es dependiente del contexto.11 Pero la relación no es unidireccional. Es decir, si se parte de la base de que hay una influencia determinante del entorno sobre los actores sociales, en su surgimiento, desarrollo y resultado (éxito o fracaso), éstos mismos pueden cambiar con su propio activismo las características de aquél y definir las respuestas del poder al que se enfrentan. Incluso pueden proveer oportunidades para la acción ahí donde no las haya, ampliarlas para otros grupos en desventaja, crearlas —cuando actúan precipitadamente— para sus oponentes o para los grupos y elites encuadrados dentro del sistema político (Tarrow, 1999). En razón de lo anterior, el modelo del proceso político ofrece una visión distinta y, hasta cierto punto, complementaria de otras corrientes teóricas,12 pues tiende a poner de relieve las oportunidades específicas (llamadas "ventanas de oportunidad") que encuentran y/o perciben los grupos sociales para actuar, y cómo su acción puede influir en los comportamientos de sus antagonistas.13

Varios estudiosos se han dado a la tarea de ordenar las conceptualizaciones relacionadas con el contexto político y las oportunidades provistas por él (cfr. Kriesi, 1995, 2004; McAdam, 1999; Tarrow, 1999), mientras otros han logrado resumir los principales aportes, dimensiones y líneas de investigación (cfr. Della Porta y Diani, 2000; Ibarra, 2005; Klandermans, 1997; Schaefer y Carmin, 2005).14 Basados en estos esfuerzos, es factible proponer un esquema condensado de los principales elementos de explicación del modelo, relevantes para nuestra interpretación de los casos anunciados en términos del desfase entre el entorno democrático y la acción social reivindicativa.

La estructura de oportunidades políticas (EOP) se divide en cuatro dimensiones o elementos: uno de ellos —quizás el más complejo— de naturaleza "estructural" (en el sentido de estático o estable, de relativa permanencia en el tiempo; aquí se considera la estructura institucional) y los tres restantes de naturaleza "coyuntural" (en el sentido de dinámicos o transitorios, con potencial de cambio rápido; aquí se considera la distribución del poder entre actores relevantes). Un cambio en uno o varios de estos elementos puede ser favorable para la acción de un movimiento social.

La primera dimensión (estructural) se refiere al grado de apertura o cierre del acceso político formal. De acuerdo con Kriesi (1995), tres conceptos le son particulares: a) la estructura institucional del Estado; b) los procedimientos institucionales y las estrategias prevalecientes para enfrentar a los grupos sociales, y c) las configuraciones de poder relevante en el sistema de partidos y sindical. Vale la pena detenerse en el primer concepto, porque será de gran utilidad para los propósitos argumentativos del presente trabajo.

Siguiendo con este mismo autor, la estructura institucional formal (estatal) puede ser vista desde dos ángulos: apertura (acceso formal para los outsiders) y fortaleza (capacidad para "hacer las cosas"). En cuanto a la apertura, ángulo de nuestro interés, importa destacar una hipótesis vinculada con la separación de poderes: "A mayor grado de separación de poderes entre el Legislativo (la arena parlamentaria), el Ejecutivo (el gobierno y la administración pública) y el Judicial, así como entre cada uno de estos poderes, mayor el grado de acceso y más limitada la capacidad del Estado para actuar" (Kriesi, 2004: 70).

La segunda dimensión (coyuntural) de la EOP se refiere a las alineaciones inestables en la política. Según Tarrow (1999: 90), esto se aprecia claramente en las democracias liberales: "La fortuna variable de los partidos en el gobierno y la oposición, especialmente si se aprecia la posibilidad del surgimiento de nuevas condiciones, puede inducir a los insurgentes a ejercer un poder marginal, y a las elites a buscar aliados de fuera del mundo de la política". Esto lleva a considerar en qué medida las elecciones —y la distribución del poder entre los actores de la política— influyen en la activación de un movimiento social o como ha hecho ver Klandermans (1997), influyen en sentido inverso, al desincentivar su surgimiento.

La tercera dimensión (coyuntural) la constituye la presencia de aliados potenciales. De acuerdo con Della Porta y Diani (2000), la presencia de aliados institucionales que permiten el acceso al proceso de toma de decisiones resulta de la mayor importancia en los casos en donde la entrada a la política formal está cerrada. ¿Quiénes pueden ser los aliados? Los medios de comunicación (para hacer llegar y trascender el mensaje más allá de los militantes inmediatos), los "reformistas profesionales" (como las iglesias), los sindicatos (los cuales pueden incrementar las capacidades de movilización y éxito) y los partidos de izquierda (que, dado el caso, pueden ayudar a promover las demandas de los movimientos si se avienen a sus particulares disputas políticas).

Pero no sólo ellos. Tarrow (1997: 159–160) ha hablado de "aliados influyentes": aquellos que pueden actuar como "amigos en los tribunales, como garantes contra la represión o como negociadores aceptables". Su existencia no determina per se la movilización, "pero sí sugiere que la existencia de vínculos entre los descontentos y miembros del cuerpo político puede ofrecer una mayor probabilidad de éxito a los de afuera".

La última dimensión (coyuntural) es la división en las elites. Klandermans (1997) establece que los conflictos entre y dentro de las elites pueden impulsar a la gente a comprometerse en una acción colectiva. ¿Cómo se puede lograr este efecto? Operando los enfrentamientos producidos entre las distintas formaciones políticas en el poder en favor de los movimientos (Ibarra, 2005). Este elemento se encuentra muy relacionado con el anterior, porque alguien que se confronta en la coalición gobernante tiene el potencial de transformarse en un aliado influyente.

¿Qué combinación de elementos o dimensiones es la más propicia para la generación de un movimiento social? Dice Tilly (1998: 38): "Desde el punto de vista de los que desafían al poder, la EOP es más favorable allí donde las instituciones políticas proporcionan múltiples espacios para plantear reivindicaciones, las elites están divididas, la represión es débil y existen canales sólidamente establecidos por donde encauzar eficazmente las reivindicaciones". Ello no implica que esta combinación sea la única posible, más bien es el escenario ideal para producir un movimiento; pero debe tenerse en cuenta que una oportunidad política15 puede ser el resultado del cambio en una sola de las cuatro dimensiones mencionadas o de la convergencia de cambios suscitados en varias de ellas (o en todas).

Más aún, como ha sido expuesto por Tarrow (1997), las oportunidades políticas varían con el tiempo y el lugar, y crean incentivos visibles para la acción colectiva. Los movimientos sociales explotan esas oportunidades "existentes" (es decir, encuentran oportunidades favorables con la apertura del acceso institucional, el cambio en las alianzas o el surgimiento de conflictos entre las elites) y crean, a la vez, oportunidades para sí mismos o para otros.16

En este sentido, el análisis del contexto político se presenta como indispensable si se quiere estudiar la formación, desenvolvimiento y derrotero de tales acciones colectivas; en otras palabras, los movimientos se producen en una situación política particular que delinea su estrategia discursiva (el modo en que se comunican), su marco de significación (el modo en que se legitima su protesta a partir de una definición simbólica de la realidad) y sus repertorios de acción (el modo en que actúan).17

¿Cuál de las cuatro dimensiones expuestas fue relevante en la trayectoria de ambos casos? ¿Cómo explican esas dimensiones (o una combinación particular de ellas) el destino de cada movimiento? ¿En qué medida contribuyen a dar cuenta del rechazo e inadaptación de los movimientos sociales a los cambios instaurados por la democracia?

 

EL RECHAZO A LA DEMOCRACIA

En el caso de la huelga en la UNAM, las condiciones para el surgimiento del Consejo General de Huelga (CGH), el movimiento que monopolizó la representación estudiantil durante el conflicto, no parecían claras. Los aspectos contextuales que ayudan a comprender su gestación (la "ventana de oportunidad") fueron menos visibles si se le compara con el episodio de la marcha zapatista que veremos más adelante. Aquí se conjugaron varios elementos del cambio de régimen, de difícil percepción a simple vista.

En los comicios intermedios de 1997, la correlación de fuerzas políticas en el país se transformó sustancialmente. Se produjo la primera experiencia de gobierno dividido,18 suceso inédito durante las varias décadas de presidencias emanadas del PRI. Así, en ese año, el PAN obtuvo 121 diputados (representando 24.2% del total) y 33 senadores (25.8% del total); el PRI 239 diputados (47.8%) y 77 senadores (60%); y el PRD 125 diputados (25%) y 15 senadores (11.7%) (México Electoral, 2001; Solano Ramírez, 2006). El PRI dejaba de tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero seguía siendo la "mayor minoría"; empero, el control de las decisiones de esa instancia legislativa tomó un rumbo diferente al ser asumido por lo que se dio en llamar "la mayoría opositora" (representantes de PAN, PRD, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo que, juntos, armaron la mayoría absoluta).19

Sin embargo, este dato revelador del final de la transición (cfr. Labastida y López Leyva, 2004) no tuvo eco en la situación financiera de la Universidad, habida cuenta el papel relevante que ahora jugaba el PRD en esta circunstancia novedosa, partido que siempre había propugnado por el apoyo inobjetable a la educación, la ciencia y la tecnología. La tendencia global de los años previos a 1999 indicaba reducciones presupuestales permanentes a esos sectores (Chávez, 2004; Ruiz, 2000);20 en lo particular, la UNAM fue recibiendo presupuestos anuales insuficientes, pero la situación más grave se presentó con el programado para el año de inicio del conflicto.

Hacia finales de 1998, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se proponía una reducción de 6.8% en los presupuestos de las cinco instituciones pilares de la investigación científica, lo que en la Universidad se reflejaba en una reducción de 5% en términos reales. De acuerdo con Salvador Malo, secretario de Planeación de la institución, esto representaba el presupuesto más bajo en la historia de la Universidad; según el rector Francisco Barnés, con esos recursos se suspenderían o desmantelarían decenas de proyectos, y todo lo que fuese investigación y desarrollo habría de cancelarse ("con el presupuesto que nos han otorgado, la UNAM se paraliza en abril").21 La anterior situación obligó al rector a hacer una fuerte labor de cabildeo para resarcir la pérdida, y lo logró parcialmente (Camarillo y Curiel, 2005: 9–11).

Ante este panorama financiero delicado, el rector Barnés decidió que la solución radicaba en el aumento ("actualización", de acuerdo con la terminología usada) de las cuotas. Tenía a su favor la aparente simpatía que le prodigaba el presidente Ernesto Zedillo; ello, de acuerdo con Dorantes (2006) se tradujo en una "excesiva confianza" en cuanto a que el gobierno lo apoyaría en sus iniciativas y en las consecuencias políticas que se derivasen.22 Tal era su confianza, maximizada por sus logros inmediatos anteriores,23 que llegó a declarar que estaba dispuesto a "ir a una huelga larga" (Mendoza, 2001).

Pero había quienes, dentro del mismo gabinete del presidente le advirtieron al rector del riesgo de emprender el proyecto de incremento de cuotas; lo anterior, de acuerdo con el testimonio de Francisco Labastida (2007), secretario de Gobernación durante las primeras semanas del conflicto:

Mi visión sobre la subida de las cuotas [...] difirió de la posición que el gobierno tomó, yo no era de la idea de que las cuotas se subieran; intenté que no fuera así, por razones de todo tipo desde el punto de vista de capilaridad social y desde el punto de vista de que corríamos el riesgo, como universidad y como país [...] de que íbamos a perder algo muy importante que se había logrado, que era quitar el pase automático. Entonces yo vi siempre ese riesgo y me pareció que no era conveniente tratar de meter cuotas dentro de la UNAM, que iba a ocurrir y lamentablemente acerté este problema. Se lo manifesté a todos los que me quisieron escuchar y hasta todos los que no me quisieron escuchar, mi posición en ese sentido fue muy clara.

Entre quienes escucharon su postura, se encontraba el propio rector; según su dicho:

Le di mi opinión muy franca en el sentido de que no debía de hacerse. Paco [Barnés] estaba, yo creo, muy presionado por las autoridades financieras para que esto se realizara; me dijo que era su idea y su proyecto, pero la Secretaria de Hacienda pensaba obviamente que esto se debía de hacer. Además, numéricamente eso no tenía ningún resultado, eran 300 millones, si la memoria no me falla, de un presupuesto de 13 mil millones de pesos.

Junto a la pluralidad política que el fin de la transición trajo consigo (el gobierno dividido) y la escasez de recursos económicos que afectaba con crudeza a la "máxima casa de estudios", debe agregarse la proximidad de la contienda electoral de 2000, pues las expectativas de la alternancia en el poder estaban al alza.

Desde inicios de 1999 se vislumbraban los posibles contendientes por la presidencia; dos de ellos estarían involucrados, desde distintas posiciones de gobierno, en los eventos que se desatarían en abril con el estallamiento de la huelga: Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRD, quien un par de años atrás había ganado la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (1997), y el mismo Francisco Labastida. Cárdenas y Labastida dejaron sus respectivos cargos poco tiempo después (el primero el 29 de septiembre, el segundo el 21 de mayo) y para febrero de 2000, cuando la Policía Federal Preventiva (PFP) recuperó las instalaciones universitarias poniendo fin al movimiento, ambos eran ya candidatos presidenciales y se enfilaban a la recta final de sus campañas.

La suma de los factores enunciados obligaba a una ponderación cuidadosa de las reformas posibles. Como lo ha escrito Dorantes (2006: 143):

Este panorama advertía que cualquier decisión relevante del rector iba a depender, más que en otras ocasiones, del contexto nacional y de su capacidad para generar y organizar los consensos internos. Por ello, se requería de una depurada valoración del curso de los eventos en la arena central, para determinar el estado de las relaciones no sólo entre la rectoría y las fuerzas políticas actuantes en la comunidad, fundamentalmente estudiantiles; sino, sobre todo, de los que operaban en su exterior.

La complejidad aludida del entorno político definió las condiciones del surgimiento y trayectoria del movimiento estudiantil. En esta dirección, el papel del gobierno federal fue destacado, más por omisión que por acción.24 De hecho, puede decirse que la prolongación de la huelga tuvo como uno de sus motivos principales esta especie de desentendimiento de la administración Zedillo de lo que ocurría en la UNAM. Sólo a raíz de la renuncia de Barnés a su cargo y la asunción del rectorado por parte de Juan Ramón de la Fuente (21 de noviembre), secretario de Salud hasta entonces, se percibió una preocupación real del gobierno por el problema.

Durante los primeros meses, los principales pronunciamientos de este nivel de gobierno provenían del secretario de Gobernación, Francisco Labastida: recién estallado el paro, acusó al PRD de estar inmiscuido en su organización y lamentó que se quisiera "utilizar esto" para hacer proselitismo.25 Semanas antes de su renuncia al cargo para contender por la candidatura presidencial de su partido, fue menos arriesgado al declarar: "los partidos y los gobiernos no deben meter las manos en la UNAM" (La Jornada, 24/IV/99; 10 y 22/V/99).26

Su sucesor, Diódoro Carrasco, evitó las declaraciones, y cuando las hizo, las mantuvo en un tono moderado, calificando "los fenómenos que se están presentando en la UNAM" como "asunto de seguridad pública"; además, sugirió que la intervención de la dependencia a su cargo sólo podía ser para "animar el diálogo", respetando la "legalidad institucional universitaria", y evitando el uso de la fuerza pública, aunque sin renunciar a la aplicación de la ley (La Jornada, 23/VI/99; 10/IX/99).27

Por su parte, las intervenciones públicas del presidente Zedillo resultaron ambiguas y contraproducentes, si se juzgan las consecuencias que producían. En dos días consecutivos de junio declaraba que la UNAM era víctima de una "brutal agresión" de un movimiento con causas justas en sus orígenes y ofrecía su "apoyo y respaldo" para el retorno normal de las actividades; más aún, consideraba llegado el momento de parar el "grave daño" que sufría la institución por la "intolerancia y sin razón" de los huelguistas. Estas expresiones fueron rebatidas de inmediato por la Comisión de Prensa del CGH, órgano que las consideró de "suma gravedad", porque revelaban "un profundo desconocimiento de las causas del conflicto". Una lectura más radical la dio el diputado y presidente interino del PRD, Pablo Gómez, al acusar a Zedillo y a Barnés de estar apostándole a la solución violenta, tal como ocurrió en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz (La Jornada, 26, 27 y 28/VI/99; 01/VII/99).

Es posible que, para aminorar la percepción "represora", casi dos meses después de estas intervenciones, Zedillo afirmara, sin referencia específica, que el pueblo de México no quería un gobierno represor, arbitrario o autoritario, descartando con eso el uso de la "fuerza bruta" para reabrir las instalaciones universitarias. El diputado del PAN, Carlos Medina, juzgó estas nuevas expresiones como una muestra de "falta de oficio político", y el mismo Gómez, de "ambivalentes". En ese mismo carácter ambivalente, Zedillo afirmaría después que, de prevalecer la intransigencia de los huelguistas, el gobierno federal quedaría a la espera del "preciso mandato democrático" de la mayoría universitaria para "poner en acción otros medios legítimos del Estado", con el fin de restaurar la normalidad en la UNAM. Así, se mantuvo la percepción "represora", al grado que el CGH advirtió de inmediato que se trataba de un ultimátum y se lanzó a la tarea de convocar a las organizaciones afines a defender la Universidad de las acciones gubernamentales presentidas (La Jornada, 25, 27, 29 y 30/VIII/99).28

La supuesta injerencia del PRD, comentada líneas antes, tuvo eco en el rector Barnés, quien cargó baterías contra el gobierno del Distrito Federal. En el lapso en que se discutía el Reglamento General de Pagos (febrero y marzo de 1999), Barnés acusó en cuando menos dos ocasiones a la administración capitalina de estar promoviendo a los grupos opositores al alza de las cuotas; a Cárdenas lo acusó directamente de interferir en la vida universitaria y de usar fondos del erario público para financiarlos (Chávez, 2004).29 Esta disputa entre las autoridades universitaria y local empeoró con los enfrentamientos, cada vez más violentos, entre estudiantes paristas y las fuerzas policíacas durante la huelga. El de mayor relevancia, el derivado de la intervención de la PFP en la Escuela Nacional Preparatoria número 3; el ya entonces rector De la Fuente acusó de falta de oportunidad en la actuación de la policía capitalina, a lo que respondería Rosario Robles, jefa de Gobierno sustituta, que el Rector debería asumir su responsabilidad y no intentar "involucrar a un gobierno que es ajeno a este conflicto" (La Jornada, 3 y 5/II/00).

La versión de Rosario Robles (2007) sobre estas acusaciones de injerencia del PRD y del gobierno de la ciudad es esta:

El PRD nunca estuvo como partido en el movimiento. Jóvenes pertenecientes al PRD eran también líderes del CGH en su primera etapa, pero nunca recibieron financiamiento del gobierno y, en efecto, para nosotros era un conflicto que no nos correspondía, en el que no queríamos meter las manos por lo delicado que era [...] Obviamente el PRD tenía cuadros en la UNAM, cuadros jóvenes que eran dirigentes de ése movimiento, pero era al revés, eran los chavos que venían a su partido a discutir lo que estaba pasando, pero no porque ellos fueran una correa de transmisión del PRD, exactamente era al revés [...] había gente del PRD muy ligada al gobierno de la ciudad, que estaba en el movimiento y había vínculos naturales. Es decir, los chavos que venían del CEU eran la generación anterior que había hecho toda esta gran movilización social. Tenían vínculos, pero todo este sector, recordemos, fue expulsado del movimiento.

Las diferencias del PRD y el gobierno de la capital no solamente se produjeron en relación con el gobierno federal y rectoría, circunstancia hasta cierto punto comprensible dados los trazos ideológicos de cada actor y la coyuntura electoral en puerta; se produjeron, sorprendentemente, con el movimiento estudiantil mismo, como lo evidenciaron los comportamientos radicales que fueron asumiendo los miembros del CGH con el transcurrir de los meses.

Esto es de particular relevancia por dos razones. Primero, porque la izquierda siempre ha tenido a la UNAM como territorio "natural" de activismo; en el pasado había apoyado a otros movimientos —considerando justas las demandas que enarbolaban— y se había apoyado en ellos como reclutadores de cuadros políticos, principalmente en contiendas electorales. Segundo, por lo anterior, el PRD resultaba un aliado estratégico también "natural", el único, quizás, en el momento, con capacidad de gestión e influencia suficientes para contribuir a los fines de los huelguistas (recuérdese que, a raíz de los comicios de 1997, ese partido era la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, además de haber obtenido la Jefatura de Gobierno en el Distrito Federal). El distanciamiento del CGH de ese partido, presentarlo como enemigo de su causa comparable con cualquier otro, puede ayudar a entender el resultado adverso obtenido al final: su desarticulación completa mediante la intervención policíaca.30

Este distanciamiento es una de esas consecuencias "no intencionales" de los avances democráticos ocurridos en el país en los últimos años, circunstancia que propició el tránsito de muchos cuadros estudiantiles de la izquierda de la política contenciosa (la "protesta en las calles") a la política institucional (la participación en partidos y elecciones). El recorrido —resumido en breves líneas— comienza con la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, que concentró la acción de líderes y activistas del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), el órgano coordinador de la huelga de 1986–1987;31 después sigue con la institucionalización de esa gesta electoral en el PRD, partido que le dio cobertura y resonancia a ese activismo; luego, la atracción producida por el alzamiento zapatista de 1994 y la segunda campaña presidencial de Cárdenas alejó una vez más a los miembros del CEU de los asuntos universitarios; finalmente, el triunfo de Cárdenas en 1997 y la incorporación de cuadros universitarios en su gestión gubernamental cierra este ciclo de "alejamiento" de los grupos más moderados sin que se afectara la presencia de aquellos otros de talante radical y no democrático (Chávez, 2004, 2005; Cadena Roa, 2008).

En consecuencia, el alejamiento progresivo de los cuadros tradicionalmente activos dentro de la Universidad (identificados bajo el membrete de "CEU histórico") produjo un efecto paradójico en las arenas de las políticas formal e informal: consolidó la vía institucional como mecanismo exitoso de incorporación de demandas y demandantes pero, al hacerlo, produjo simultáneamente una respuesta antiinstitucional muy poderosa. En otras palabras, el paso de una arena a otra de los activistas universitarios creó un "vacío de poder" (Chávez, 2005) que, en el contexto de la huelga, fue ocupado por "grupos ideologizados y antagónicos al PRD". De acuerdo con Cadena Roa (2008: 288):

Todo ello dio argumentos y tiempo a los grupos radicales para que desplazaran del liderazgo del movimiento, primero, y de toda participación después, a los moderados. Las asambleas se convirtieron en reuniones de quienes estaban de acuerdo con la huelga y el pliego petitorio confeccionado por los paristas; quienes se inclinaban por una solución negociada con las autoridades fueron proscritos del movimiento, lo que se tradujo en la aparición de "huelguistas en el exilio".

La confrontación entre el CGH y la izquierda partidista tuvo dos momentos significativos. El primero, el 4 de agosto de 1999, cuando paristas se enfrentaron con estudiantes, padres de familia y elementos de seguridad en tres planteles de la Universidad Insurgentes, sedes para realizar trámites de inscripción y reinscripción; algo similar ocurrió en el plantel 5 del Conalep Iztapalapa, aunque en esta sede intervino la policía local para tratar de ordenar la situación. Unos días después de estos hechos violentos, los voceros en turno del Consejo anunciaron la denominación de "personas non gratas" a los que acusaban de ser "responsables de la represión", entre quienes se encontraban Diódoro Carrasco, Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Barnés "y distintos sectores de los partidos políticos", entre otros (La Jornada, 05 y 10/VIII/99).

El segundo momento se registró el 14 de octubre del mismo año. Justo después del término de una manifestación frente a las instalaciones de TV Azteca y Televisa se suscitó un enfrentamiento entre granaderos y un grupo estudiantil que había permanecido en las inmediaciones de esta última televisora, sobre Periférico Sur (en la prensa escrita resalta la imagen de dos granaderos pateando a un estudiante en el piso). Días después de estos hechos violentos, el Consejo condenaría la acción del gobierno capitalino, considerándola como "actos represivos" y algunas escuelas participantes de la asamblea plenaria pedirían la renuncia de Rosario Robles, jefa de Gobierno, y de sus secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública. A ello, Robles respondió afirmando que su gobierno era para todos los ciudadanos y no podía intentar "caerle bien a equis (número de) estudiantes" (La Jornada, 15, 18 y 20/X/99).32

Al respecto, Robles (2007) se extraña de por qué la confrontación fue cambiando de dirección, pues un gobierno que al principio había sido aliado del movimiento terminó siendo su enemigo ("los adversarios de quienes ya estaban conduciendo el CGH no era el gobierno federal, que era quien les quería aumentar las cuotas, sino el gobierno de la ciudad de México"). La explicación puede interpretarse en estos términos: la prolongación del conflicto se fue haciendo funcional al objetivo de desgastar a la administración capitalina y, de paso, al PRD, serio aspirante a ganar la Presidencia en 2000. De acuerdo con su versión:

A partir de ahí [del enfrentamiento en Televisa], nuestro reclamo era hacia el gobierno federal. ¿Por qué se está queriendo prolongar este conflicto? Porque para mí, en ese momento, ya había una causa de tipo político, que tenía que ver con la contienda electoral del 2000. La pretensión [para] recuperar la ciudad de México y arrebatársela al PRD fue colocarlo como represor, por un lado y, por otro, violento, porque era el que estaba promoviendo y propiciando todo este movimiento. Entonces empezamos a encarar públicamente al gobierno federal, a decir que había la intención de prolongar indefinidamente el conflicto. Plantear que la dirección del movimiento estaba recurriendo ya a métodos que no eran propiamente democráticos y de lucha que habían caracterizado a los universitarios durante años, y a enfrentar de manera diferente la situación, también en la calle.

Robles (2007) dice que su gobierno se encontró en medio de dos lógicas: aquella que le obligaba a actuar ("toda la movilización que se quisiera, pero dentro del marco de la ley"; "teníamos que actuar como autoridad, porque nosotros nos debíamos a todos los demás ciudadanos y no nada más a los universitarios") aunque se ganara el mote de "represor" de parte de los estudiantes; y aquella otra que le obligaba a defender su posición del gobierno federal, tanto de las sospechas de injerencia ("que el PRD estaba financiando, que el Gobierno de la Ciudad estaba financiando") como de las presiones por el uso de la fuerza ("con la policía no se resuelve un conflicto social"; "no teníamos la solución política del conflicto").

Francisco Labastida (et al., 2007) tiene una visión diferente de esas implicaciones políticas. Arguye la existencia de una estrategia común entre las autoridades local y federal para poner fin a la huelga:

Porque lo que se intentó es que las fuerzas políticas importantes (PRD, gobierno de la Ciudad de México) coadyuvaran a desarmar políticamente el conflicto, de tal manera que no se generara algo mayor de lo que se trataba de arreglar si al final de cuentas no se quería que hubiera sangre, se quería que la apertura de las clases de la Universidad se realizara de manera aséptica: sin sangre, sin golpes. Y eso implicaba que sumáramos las fuerzas, porque al final de cuentas las responsabilidades de los dos niveles de gobierno era tratar de que esto se solucionara pacíficamente, y creo que el Gobierno del Distrito Federal coadyuvó a que esto se llevara así.

Siguiendo con las palabras de Labastida (et al., 2007), supone que la prolongación del conflicto se debió a este trabajo colaborativo, a saber:

Yo creo que lo que se vio ahí fundamentalmente es que teníamos que sumar fuerzas los dos niveles de gobierno para lograr una buena solución. Se podía haber tomado la universidad, como se hizo posteriormente, pero el conflicto político–social que podía derivar si no trabajábamos de manera coordinada podía haber crecido; entonces, se invirtió tiempo en lograr que trabajáramos juntos los dos niveles de gobierno para que esto terminara bien.

Las respuestas del CGH a sus interacciones con los actores políticos revelan su concepción del entorno que les restringía. Para el movimiento, Zedillo, Cárdenas y Robles representaban esencialmente lo mismo, no obstante sus diferencias notorias. Su enemigo era único, actor unitario al fin y al cabo, enmascarado y con personalidades variadas (los mencionados políticos). Los "actos de represión" valían como confirmación de que izquierdas y derechas en el poder, PRD y PRI, si se asumen ciertas esas orientaciones ideológicas, se manejaban de manera semejante, casi idéntica. En buena medida, la falta de diferenciación de poderes y signos partidistas cerró las perspectivas de los paristas y los aisló del mundo (literalmente), siendo la radicalización mediante la violencia verbal y física la respuesta a mano. Con la intransigencia de su estrategia ("revolucionaria" se atrevieron a llamarla) que vino como derivación lógica de la radicalización, los "ultras" perdieron toda legitimidad para su causa (Cisneros, 2006).

Como lo ha escrito Millán (2000: 288–289):

Así como no existe diferencia entre el gobierno nacional y las agencias internacionales, el Estado mexicano, su gobierno y sistema político no cuentan con grado alguno de diferenciación de competencias. Pese a los cambios que han dado al país un perfil distinto al del orden posrevolucionario, el CGH se aferra a una caracterización del viejo Estado: los partidos hacen juego al poder, la ley es aplicable por designio unipersonal, los medios son controlados, el Ejecutivo es lo mismo que el Estado. Bajo esa falta de diferenciación, la institucionalidad, las normas y el derecho son sólo expresión de lo que genéricamente es llamado "el poder".

Si bien es cierto que la radicalidad e intransigencia del CGH le restó simpatías entre los estudiantes, lo es igualmente que le atrajo apoyos de cierto tipo de organizaciones sociales del mismo corte. Al principio de la huelga, cuando existía en varios sectores sociales cierta comunión con la causa estudiantil, el movimiento tuvo el respaldo de sindicatos como el de la propia UNAM, el de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) y el Mexicano de Electricistas (SME). Empero, en los últimos días del movimiento, cuando dicha comunión se disipó,33 el Consejo se quedó con el apoyo del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), del Movimiento de Unidad y Lucha Popular (MULP) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Mención aparte merece la vinculación con el EZLN que, de acuerdo con Rodríguez (2005), tiene un parecido de familia con el movimiento estudiantil, por tratarse ambos de "movimientos demandantes de nuevas formas de hacer política en el México de fin de siglo",34 uno en el ámbito rural y el otro en el urbano.

Durante algunos meses, el EZLN mostró franca simpatía hacia los huelguistas; les reconocía haber "hecho crecer el movimiento y conseguido tender puentes hacia otros movimientos y sectores que resisten contra la estupidez que nos gobierna", y aseguraba: "nosotros vamos a seguir apoyando a los estudiantes universitarios simple y sencillamente porque les asiste la razón" (La Jornada, 23/V/99; 25/VI/99). Pasado el efecto de la euforia inicial, los zapatistas se volvieron críticos del CGH, como lo muestra el comunicado en el que se critica el veto impuesto a estudiantes (des)calificados de "moderados": "¿El método para ganar una argumentación es imponer el silencio a la parte contraria? El CGH, ¿se hace más fuerte 'depurando' y convirtiéndose en un ente homogéneo? ¿Esa es la 'universidad' que quiere el CGH?" (La Jornada, 09/X/99).

De este modo, el aliado que simbólicamente tenía una ascendencia muy clara entre un número notable de organizaciones sociales —por el significado político de la resistencia que representaba— tomaba distancia de los estudiantes en paro. Una señal inequívoca de que algo andaba mal.

 

LA INADAPTACIÓN A LA DEMOCRACIA

Para el desarrollo de la marcha zapatista, las condiciones para que sus objetivos fueran alcanzados no podían ser mejores. En la campaña presidencial, los principales candidatos, Francisco Labastida ( PRI) y Vicente Fox (Alianza por el Cambio, integrada por el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM), se habían referido esporádicamente al EZLN35 y al tema de los derechos indígenas. Fox hizo una serie de ofrecimientos serios —si se deja de lado el famoso desliz de resolver el conflicto en "15 minutos"— que después cobrarían pleno sentido; entre ellos estaban: a) asumir como propia la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y enviarla al Congreso de la Unión, y b) generar las condiciones para que el ejército volviera a sus posiciones originales (Pérez, 2005).

Con su triunfo el 2 de julio de 2000, Fox abriría al EZLN una "ventana de oportunidad" y el EZLN la aprovecharía con destreza.36 En su toma de protesta como presidente, Fox anunciaba el envío de la iniciativa mencionada y, cuatro días después, el Senado la recibía (La Jornada, 02 y 06/XII/00).37 De inmediato, los zapatistas respondieron a este acto mediante un comunicado, pidiendo el cumplimiento de "tres señales concretas" para acreditar la disposición al diálogo y la negociación del gobierno entrante: reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígena, de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa; libertad a los zapatistas presos en toda la república, y retiro total del ejército de las siete posiciones ocupadas en lo que llamaron "zona de guerra" (La Jornada, 03/XII/00). A la par de solicitar estas señales, anunciaban el envío de una delegación a la ciudad de México para encabezar una movilización que se dirigiera al Congreso y argumentara ante los legisladores sobre las bondades de la iniciativa mencionada.

El contexto era nuevo y el EZLN parecía comprenderlo bien, si se juzga por este aprovechamiento inicial del espacio político que se le abría y del cauce institucional que ahora adquiría una nueva connotación:

Varias de las premisas que habían justificado el levantamiento armado [en 1994] [...] dejaron de existir y ante el nuevo escenario, los zapatistas adoptaron nuevas medidas para retornar a la contienda [...] se avanzó en la ciudadanización de las elecciones, dándole al Instituto Federal Electoral (IFE) un carácter independiente; el PRI dejó de gobernar como partido de Estado, y el nuevo presidente fue electo democráticamente (Pérez Ruiz, 2005: 632 y 637).

El nuevo escenario llevó al movimiento a una definición distinta: pasó de ser una "vanguardia armada", articuladora de masas contra un enemigo común, el régimen del PRI y su representante, el entonces presidente Salinas (esa era la visión de la Primera Declaración de la Selva Lacandona), a asumirse como un actor más dentro del amplio espectro del movimiento indígena (esta sería la visión sostenida durante la marcha zapatista) (Chihu, 2006).

El cambio de postura era notable si se le relaciona con el contexto previo. Recuérdese que, por casi cuatro años, las negociaciones con el gobierno federal estuvieron suspendidas a raíz del diferendo relacionado, justamente, con una de las tres señales solicitadas: la traducción adecuada, en iniciativa de ley, de los resolutivos de la primera mesa de los Acuerdos de San Andrés, tarea encargada a la Cocopa.38 Este desacuerdo en la primera fase de las negociaciones por la paz (1996) reforzó la desconfianza en el movimiento hacia la palabra de los políticos y se reprodujo en su estrategia de lucha: si en 1994 le dio un aval condicionado al candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, e incluso apoyó la candidatura a gobernador de Chiapas del periodista Amado Avendaño (por el mismo partido y el mismo año), para 1997 renegó de todos los partidos y puso obstáculos para la realización de la elecciones en el área de su control.

Para los comicios de 2000, el EZLN parecía palpar la proximidad de un cambio en las condiciones del entorno. Mantuvo silencio durante el desarrollo de las campañas y lo rompió —con un comunicado— apenas unas semanas antes de la jornada electoral para fijar postura: permitiría la instalación de casillas en las zonas de su influencia, no apoyaría a ningún candidato en particular pero dejaría a sus bases de apoyo la decisión de votar. El subcomandante Marcos terminó el comunicado con la siguiente afirmación, muy significativa del cambio de postura: "A todos los mexicanos y mexicanas que ven en las elecciones una posibilidad de lucha, los llamamos a luchar en ese terreno y con esos medios, y a defender el voto" (Pérez, 2005: 631).

Si bien la alternancia en el poder presidencial reveló ser el factor clave para las posibilidades iniciales del zapatismo, de mayor importancia fue, en el desarrollo y desenlace de este episodio, la segunda experiencia de gobierno dividido en el país. En los comicios de 2000, el PAN obtuvo 208 diputados (representando 41.6% del total) y 46 senadores (35.9%); el PRI 209 diputados (41.8%) y 60 senadores (46.9%); y el PRD 54 diputados (10.8%) y 15 senadores (11.7%) (México electoral, 2001; Solano, 2006). Estas cifras indicaban que cualquier reforma constitucional requería de una alianza PAN–PRI para alcanzar las dos terceras partes obligadas por la Carta Magna en su artículo 135; el PRD, único promotor activo de la causa indígena, tenía un margen de maniobra estrecho en virtud de su magra representación en ambas cámaras (que contrastaba con la existente en la legislatura anterior, como indicamos en el apartado previo).

En ese tenor, el EZLN debía reconocer la importancia decisoria del Congreso y lo hizo al principio de la nueva administración. De hecho, las "tres señales" tenían destinatarios diferentes: la aprobación de las reformas constitucionales pretendía probar la sensibilidad del Poder Legislativo, la liberación de los presos pretendía "confrontar la eticidad" del Poder Judicial y el retiro del ejército constituía una prueba de fuego para la capacidad del Poder Ejecutivo de "controlar y disciplinar a la institución militar" (Ceceña, 2001). Esta especie de "desdoblamiento de destinatarios" hacía notar el cambio en la concepción del movimiento, pues éste parecía asumir que los tres poderes habían de cumplir un papel en la resolución de las demandas y que no era ya un solo actor, el presidente, quien decidía y disponía; el Congreso se ubicaba como la arena central de la disputa (y el motivo explícito principal de la misma marcha).

No obstante, ese reconocimiento al papel del Legislativo fue haciéndose ambiguo con el transcurrir de la marcha y se diluyó por completo al aprobarse una iniciativa de reformas diferente a la presentada por el Ejecutivo. Tómese en cuenta, por ejemplo, la situación dos días antes del arribo de la delegación zapatista a la ciudad de México, cuando Marcos declaró:

el desafío es también para el Poder Legislativo [...] [Éste debe] hacer política nacional, dialogar con sus representados y abrir la más alta tribuna de la república para escuchar y hablar con quienes son legítimos en sus aspiraciones y propuestas [...] si el Legislativo no comprende su papel histórico, los mexicanos veremos cómo la política nacional no se decide ni en las calles ni en el Congreso ni en los palacios gubernamentales sino en los noticieros (La Jornada, 08/III/01).

En su demanda de ser escuchados por el pleno del Congreso de la Unión, Marcos dijo: "El Congreso no debe negarse a recibirnos en el pleno, mandarnos a un rincón, a la cocina o al lavadero. Eso es lo que está haciendo: convertir la demanda de los pueblos indios en una molestia y al diálogo con los legisladores en un chisme de lavadero" (La Jornada, 17/III/01). 39

Más significativa aún, por ser determinante del derrotero a seguir, fue la respuesta a la aprobación en las Cámaras a la iniciativa propuesta por PAN y PRI: acusó a los senadores de estos dos partidos y del PRD de "prolongar la guerra" con ese acto y anunció la suspensión indefinida de contactos con el gobierno federal (La Jornada, 02/V/01).40

De acuerdo con Demetrio Sodi (2007), miembro de la Cocopa y del Senado de la República, este órgano de Estado tenía una lógica propia que hacía muy difícil aprobar sin alteraciones la iniciativa enviada por el Ejecutivo:

El Senado representa a los estados de la república y el problema indígena no estaba en todo el país, mayoritariamente en Chiapas, pero en la mayor parte de la geografía, no estaba el problema [...] [Entonces] los senadores de Chihuahua, Sonora, Nayarit, no se [la] iban a jugar con una iniciativa que creaba una ley del movimiento indígena que les iba a afectar la estabilidad interna. Ese era el punto. Era muy difícil que la ley pasara por ellos [...] había mucha gente que no quería convertir esto en un nuevo movimiento indígena [...] ningún senador se iba a plegar al zapatismo.41

Además de la aprobación en el Poder Legislativo, las mencionadas reformas tenían que recorrer el camino de los congresos estatales, requiriéndose para tal efecto la aprobación de la mayoría de las legislaturas (de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución). El PRI contaba con mayoría en 22 de ellos (71% del total), el PAN en siete (22.5%) y el PRD en dos (6.5%); no es de extrañar que en 11 estados, donde se concentraba 80% de la población indígena, las reformas hayan sido rechazadas (Singer, 2004; Toussaint, 2001).42

Si se mira con detenimiento la configuración de los órganos de decisión en estas entidades, se verá la complejidad del escenario de la distribución del poder. Por ejemplo, de estos 11 estados, siete contaban con Ejecutivos emanados del PRI, dos del PRD, uno del PAN y uno de una coalición multipartidista (que incluía a PAN y PRD); en cinco de ellas había gobiernos divididos y en seis gobiernos unificados. Con excepción de Zacatecas y Chiapas, en los restantes estados la mayoría de los legisladores (absoluta en gobiernos unificados, relativa en gobiernos divididos) pertenecía al partido del gobernador (cfr. López Rosas, 2001). En consecuencia, era esperable que la legislatura dominada por el PRD (Baja California Sur) votara en contra de las reformas, aunque no necesariamente las legislaturas dominadas por PRI (9) y PAN (1).

En consecuencia, puede constatarse cuán relevante resultaba la composición de los legislativos (federal y locales) en el avance de una de las tres señales solicitadas por el EZLN; haber omitido este dato o haberlo valorado equivocadamente, bajo la consideración de que el "apoyo popular, nacional y pluriclasista" presionaría lo suficiente para abonar a su causa, era desestimar el trabajo independiente de los distintos órdenes de gobierno, cuya legitimidad no dependía necesariamente de la movilización masiva de los zapatistas.43

Pese al resultado adverso, la marcha fue exitosa en colocar la demanda indígena en el centro de la agenda nacional, al menos en los primeros cinco meses de gobierno de Fox; a ello contribuyó la manera en que el EZLN gestionó el apoyo de una buena cantidad de aliados (además de hacerse de otros inesperados) y cómo se procesaron las diferencias en la elite gobernante (particularmente entre el presidente y su partido).

En lo que respecta al primer aspecto, durante los 37 días de recorrido y 77 actos públicos realizados, los zapatistas (re)activaron sus alianzas con amplios sectores de la sociedad civil y organizaciones indígenas (Ceceña, 2001), de quienes habían estado distanciados dada la política de contención practicada por la administración de Zedillo. Quizá la muestra más representativa haya sido, por un lado, su participación en el III Congreso Nacional Indígena, en donde los delegados asistentes les otorgaron formalmente la representación de todos los grupos étnicos del país para pugnar ante el Congreso de la Unión por la aprobación de la iniciativa Cocopa; por otro lado, el acto multitudinario de recepción en el Zócalo de la ciudad de México, durante la cual Marcos anunciaría su estancia en la capital hasta conseguir "el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas" (La Jornada, 05 y 11/III/01).

Además, contaron con el apoyo incuestionable del PRD y sus legisladores en ambas Cámaras, aunque el EZLN mantuviera serias reservas acerca de las intenciones políticas de la postura del partido.44 Entre los momentos clave en que fue visible este apoyo destacan el resolutivo del Consejo Nacional del partido, manifestando su respaldo a las tres señales; la solicitud de la presidenta nacional, Amalia García, para que diputados de PAN y PRI sometieran a análisis la iniciativa Cocopa; y la aprobación —en alianza con el PRI— del punto de acuerdo que permitía a los zapatistas el uso de la tribuna de la Cámara de Diputados (La Jornada, 29/I/01, 24/II/01 y 23/III/01).45 Empero, la diferencia en la orientación del voto en las bancadas del PRD de la Cámara de Diputados y la de Senadores, cuando se aprobaron las reformas constitucionales, produjo un conflicto en el partido y, más delicado aún, con el EZLN, al grado de quebrarse la endeble alianza creada —al calor de los acontecimientos— entre el partido y el movimiento.46

Pero un aliado decidido de los zapatistas fue, sorprendentemente, el gobierno federal. Las suspicacias acerca la sinceridad de la posición gubernamental no cesaron en todo el tiempo, pero lo cierto es que el presidente Fox, el secretario de Gobernación (Santiago Creel), el comisionado para la Paz en Chiapas (Luis H. Álvarez), la titular de la oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Xóchitl Gálvez), el coordinador para la Alianza Ciudadana (Rodolfo Elizondo) y el director del Instituto Nacional Indigenista (Marcos Matías), hicieron frente común y cabildearon con diputados y senadores para distender el ambiente. El activismo gubernamental intentó aminorar la crispación que se generaba en el PAN con las intervenciones de Marcos, casi siempre despectivas cuando se refería a sus coordinadores parlamentarios en las Cámaras (Diego Fernández de Cevallos y Felipe Calderón), pero resultaría contraproducente para la relación del partido con el Ejecutivo, como veremos unas líneas adelante.

Incluso Fox, ante el regreso de los zapatistas a Chiapas una vez que consiguieran dialogar con los diputados, llegó a declarar con desenfado, muy a su estilo: "hoy nos entendemos mucho mejor; yo sí siento que tengo en Marcos un amigo" (La Jornada, 02/IV/01). Xóchitl Gálvez (2007), encargada de la política indigenista de Fox, consideró que, en efecto, Fox se sentía aliado de los zapatistas porque estaba convencido de los objetivos que enarbolaban:

Yo creo que el presidente Fox siempre estuvo convencido de las causas que dieron origen a este conflicto. A mí una vez el presidente Fox me dio las gracias por haberle enseñado a conocer este medio y explicarle la problemática [...] yo creo que en ese sentido, pudo haber utilizado ese bono democrático [de su elección] para otro tipo [de cosas]. Para muchos será un error, para mí fue la mejor decisión que tuvo, porque se inició un proceso de justicia. No digo que se ha concluido, se inició un proceso de justicia a un grupo de mexicanos que nunca habían tenido esa posibilidad de ser reconocidos jurídicamente en la sociedad.

No debe olvidarse el papel destacado del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar. Triunfador en las elecciones de 2000 como candidato de una coalición multipartidista,47 había sido miembro de la Cocopa y entendía bien la lógica del conflicto; lo demostró al contribuir a la distensión, liberando a todos los presos reclamados en su estado.48 Además, no tomó partido entre el gobierno federal y los zapatistas, reconociendo que de los dos lados se había abonado el camino de la paz; pero ubicaba un peligro: "si a la iniciativa de la Cocopa no le va bien en el Congreso, no me quiero imaginar qué va a pasar. Quisiera que el Congreso actuara con responsabilidad" (La Jornada, 24/I/01 y 24/II/01).

En suma, se produjo una alianza inusitada, quizás involuntaria, entre el Poder Ejecutivo, la Cocopa, el PRD y el gobierno de Chiapas, que posibilitó la llegada triunfal de los zapatistas; todos trabajaron en dirección de cumplir con las señales demandadas para el reinicio del diálogo.49 Pero la victoria fue efímera, una vez que los 23 comandantes indígenas hablaran en la Cámara de Diputados y el EZLN decidiera volver a las montañas de Chiapas. Aquí fueron determinantes las disputas entre el presidente Fox y su partido, cuya arena de confrontación recayó en el Congreso.

Estas disputas se generaron desde la toma de posesión de Fox y abarcaron los tres ejes de discusión motivados por el recorrido indígena: la legalidad de la marcha, el uso de la tribuna del pleno del Congreso y la aprobación de las reformas constitucionales. Uno de los principales promotores de estas diferencias fue Diego Fernández de Cevallos, coordinador de los Senadores. Apenas el mismo día que el presidente enviaba la iniciativa Cocopa, el senador declaraba que el Congreso no se dejaría presionar ni daría pase automático a todo proyecto proveniente del Ejecutivo, como sucedía en el pasado;50 un par de meses después, sostendría que era imposible la unanimidad entre el presidente y los legisladores de su partido, bajo el argumento que ello sería "absolutamente pernicioso e inadmisible" (La Jornada, 06/XII/00 y 21/II/01). De mayor claridad fue su declaración tajante en el momento en que Fox exhortaba al Congreso a recibir a los representantes indígenas: "los tiempos del presidente son los tiempos del presidente, y los del Congreso son nuestros" (La Jornada, 21/III/01).51

Quien asumió posturas tan divergentes de Fox como las subrayadas fue el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón. Primero, asumió una posición firme pero cauta: "creo que es importante que el Congreso pueda debatir cualquier tema sin presión de grupos económicos, políticos y sociales que comprometan su libre actuar", pero conforme pasaron los días el tono de sus declaraciones subió; recuérdese su dicho relativo a que su fracción parlamentaria no se sentaría a dialogar con los zapatistas si antes éstos no establecían contacto con la Cocopa; o su negativa reiterada a permitirles el uso de la tribuna que, cuando fue acordado por mayoría, lo llevó a declarar: "[el formato para el diálogo] no enmienda, sino agrava las condiciones de sometimiento antidemocrático al que está siendo sujeto el Congreso" (La Jornada, 09 y 31/I/01, 15 y 25/III/01).

Justamente durante el debate para aprobar ese formato, Calderón expuso su disentimiento con la actuación de las dos partes: "Ante el doble juego mediático a que ha sido sometido el Congreso [...] ni Marcos ni Fox mandan en esta Cámara de Diputados". Su disenso se fundaba en dos premisas: a) no hay Estado democrático sin Congreso y no hay Congreso si se vulnera la autonomía deliberativa, y b) es indispensable el sistema de pesos y contrapesos establecido por la Constitución que fue, durante mucho tiempo, el único asidero del PAN para combatir el presidencialismo autoritario (Lajous, 2003).

El contraste entre posiciones tan disímiles lucía evidente. Por un lado, el Ejecutivo desplegó por varios meses una campaña de promoción de la paz, cuya pretensión era forzar a los legisladores dubitativos o escépticos (entre ellos, los de su partido) a contribuir al logro de las condiciones adecuadas para la negociación;52 por el otro, los legisladores del PAN, apoyados en su dirigencia nacional,53 difirieron de prácticamente toda la estrategia gubernamental, defendiendo la recién asumida autonomía de poderes de presiones de toda índole, fueran éstas de grupos sociales o del mismo gobierno federal.54 En la opinión de Xóchitl Gálvez (2007), el distanciamiento gobierno–partido lo atribuye al "cobro de facturas" pendientes:

Fox triunfó con el panismo, pero hubo un desencanto cuando no integró a puros panistas en su gabinete, a diferencia de Felipe Calderón, donde todo el gabinete político–social es panista. Fox quiso ser un demócrata en el sentido de incluir a otras corrientes [...] gente que de alguna manera representaba distintas corrientes [...] yo creo que el PAN sí quería pasarle la factura, porque sentía que había sido un triunfo de ellos y que Fox tenía la obligación moral con ellos [...] Entonces en el fondo dijeron "ahí les va la factura".

Aunado a esta percepción, Gálvez reconoce que también influyó la excesiva confianza en el trabajo del Legislativo que, suponían en el gobierno, estaría en consonancia con la demanda indígena manifestada por el EZLN:

Yo creo que era el momento adecuado, quizá no con la estrategia adecuada, yo creo que nunca se planeó una estrategia inteligente [...] Ahí fue nuestro principal error, confiamos en que el Congreso haría bien su trabajo, hubo muchas sorpresas y, finalmente, tú como Ejecutivo sólo puedes ir a defender tus puntos de vista, pero no puedes participar en el debate. En ese momento el propio partido del presidente tenía sus diferencias con él, tampoco nos apoyábamos tanto.

Según Demetrio Sodi (2007), la explicación está atada a un problema de prioridades en las nuevas condiciones democráticas:

Era el primer Congreso de la alternancia y era el primer Congreso en el que el PAN era gobierno. Lo primero era negociar las nuevas reglas y no abandonar al partido ni a los legisladores, pero [Fox] nunca hizo el cabideo, se desentendió de la ley. Finalmente quedó como quedó, el mismo PAN no se comprometió con la ley [...] Fox actúa de buena fe, pero no le pone interés, no convence a los senadores panistas, lanza una iniciativa y no tiene el soporte de los senadores de su partido; entonces es una ley que va muerta. El PRI no lo iba a apoyar porque tampoco quería dar idea de simpatía y, por otro lado, el PRD, ya [se] sabía que estaba del lado de los zapatistas.

A esta falta de cabildeo se agrega la autonomía en la actuación de los senadores y diputados de su partido, siguiendo con la versión de Sodi (2007):

En el Senado hubo una autonomía total en relación con el presidente. Había poco foxismo, era como muy independiente, Fox no tenía una gran influencia entre los diputados y senadores. Y en la Cámara de Diputados igual. Fox nunca contó con el respaldo serio de sus fracciones [...] El PAN no entendió (yo creo que están en un proceso de entender) que cuando uno es partido de gobierno, es partido de gobierno, [se] está "pegado" al gobierno y no [se] está para ponerle piedras a los funcionarios.55

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Nos hemos propuesto exponer el efecto producido por el incipiente entorno democrático en las respuestas adoptadas por los movimientos sociales surgidos a partir de 1997. Más aún, nos hemos propuesto explicar qué combinación de dimensiones del contexto político fueron relevantes en el surgimiento, trayectoria y destino de los dos casos analizados: la huelga en la UNAM y la marcha zapatista.

Para tal fin, recurrimos a la aplicación del modelo de la EOP, del cual hemos destacado las siguientes dimensiones: a) el grado de apertura o cierre del acceso político formal (en particular, la estructura institucional del Estado en un aspecto básico: la separación de poderes); b) las alineaciones inestables en la política; c) la presencia de aliados potenciales, y d) la división en las elites. Lo sustancial para comprender esa perspectiva teórica es que tales dimensiones pueden combinarse (resultado del cambio en una, en dos, en tres o en las cuatro) y producir la percepción de una oportunidad para la acción.

Si nos preguntamos ahora por las dimensiones relevantes en el surgimiento y trayectoria del CGH, podemos decir que de vital importancia fue la configuración de los poderes públicos, particularmente en los niveles local y federal, lo cual contribuyó a que el conflicto en la Universidad creciera sin obstáculos y perdurará más tiempo del que se esperaba. La recién estrenada convivencia entre el gobierno del DF, en manos del PRD, y el gobierno federal, en manos del PRI, se transformó en una disputa política acerca de quiénes eran responsables de promover el movimiento, quiénes de marcarles los límites legales (con la contención policíaca) y quiénes los responsables de dar una solución. Los estudiantes paristas, con o sin conciencia clara de ello, aprovecharon las posibilidades de movilización que les dio este espacio abierto por la contienda de autoridades.

Pero, por otro lado, el tipo de alianzas que sostuvieron —y rechazaron— le fue poco favorable a los paristas, y explica en buen grado su aislamiento progresivo, así como su derrota. Su rechazo a todo vínculo con el PRD y el gobierno capitalino —a pesar de ser éstos afines a sus demandas— y su estrecho contacto con organizaciones sociales radicales se constituyeron en el principal lastre para hacerse de una presencia aceptable en la esfera pública, validada por una causa justa. A ello puede agregarse que, en efecto, sólo la izquierda partidista se situó como un aliado posible del CGH —a pesar del rechazo de éste— y los restantes actores políticos (partidos, gobierno federal, Congreso) tuvieron otra posición, común en todos ellos que, sintetizada esquemáticamente, pasó de un cierto desentendimiento del conflicto, por considerársele un asunto intrauniversitario, a un interés por resolverlo en tanto había excedido ese ámbito y lograr el retorno a la normalidad en las actividades.

En consecuencia, el CGH desestimó los recursos institucionales establecidos por la democracia, aunque usufructuó de los enfrentamientos habidos en la elite política, producto hasta cierto punto de la pluralidad política existente en el país; más delicado aún, con su práctica política rechazó principios básicos de ese régimen, tales como la tolerancia (a la disidencia) y la libertad (de manifestación de ideas). La decisión de las autoridades universitarias de retirar la propuesta de aumento de cuotas fue el límite a sus pretensiones y al llegar a este punto, que dio origen al conflicto, el Consejo decidió que era insuficiente y se mantuvo en la lucha con demandas —incluso— de otro alcance. Habiendo sido éste un movimiento producto de las condiciones políticas nuevas, diferentes a las del pasado, su prolongación propició una respuesta antiinstitucional radical e intransigente, que lo llevó a confrontarse con todo actor político relevante y a reducir su margen de maniobra hasta el día de la toma de las instalaciones universitarias por fuerzas policíacas federales.

En comparación, si nos preguntamos por las dimensiones relevantes en el surgimiento y trayectoria de EZLN, podemos decir que dos de ellas fueron las que contaron favorablemente. Los zapatistas aprovecharon sus posibilidades de acción cuando se les abrió una "ventana de oportunidad" con la llegada al poder del presidente Fox; asumieron el reto de hacer política fuera de la selva, participando de los canales institucionales abiertos por la democracia. La alianza involuntaria generada en torno suyo ensanchó sus márgenes de actuación, al permitirles plantear una estrategia de movilización extensa y exitosa, al grado de conseguir ser escuchados ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Pero el otro par de dimensiones presentadas en este trabajo le fueron poco favorables a los zapatistas, y ayudan a explicar su desistimiento para continuar los contactos con el gobierno federal. La división de poderes, en una situación de gobierno dividido en la que el PRD tenía un peso marginal, se constituyó en el principal obstáculo para el reconocimiento constitucional de los indígenas. Se suma a lo anterior los conflictos en la elite gobernante, entre el presidente y su partido (y sus legisladores en las cámaras), que en lugar de propiciar un clima mejor para la consecución de los objetivos de la movilización social, estimuló las diferencias y anuló la colaboración entre poderes (Legislativo y Ejecutivo).

En consecuencia, el EZLN usó con habilidad los recursos institucionales establecidos por la democracia, pero no aceptó sus restricciones, es decir, no se adaptó a su entorno. Un movimiento con una clara conciencia del escenario político favorable que se le abría con la alternancia actuó con determinación dentro de la institucionalidad democrática pero, en los hechos, esperó una respuesta homogénea de las distintas instancias del poder político. Si bien los zapatistas habían reconocido la importancia del Congreso en la consecución de sus metas, la modificación sustancial de la iniciativa Cocopa develó su visión de trasfondo: el presidente seguía siendo el "gran decisor" y la votación parlamentaria reflejaba la falta de interés de dicha figura en hacer valer su poderío. Frente a este límite a sus pretensiones, los insurgentes decidieron ignorarlo y regresarse a la clandestinidad.

En resumen, hemos explicado dos respuestas al entorno democrático: el rechazo, de parte del CGH, y la falta de adaptación, de parte del EZLN. En el primer caso, las dimensiones que abonaron al surgimiento y desarrollo de la causa estudiantil fueron las alineaciones inestables (la fuerza electoral adquirida por el PRD como correlato del "vaciamiento" de grupos moderados en la Universidad) y la división en las elites (el enfrentamiento entre los gobiernos local y federal por la resolución del conflicto); pero aquella que gravitó en el final del movimiento fue el tipo de alianzas que generó a su alrededor (la prevalencia de organizaciones radicales).56

En el segundo caso, las dimensiones que abonaron al surgimiento y desarrollo de la causa indígena fueron las alineaciones inestables (la alternancia en el poder) y la inédita articulación de aliados (el Poder Ejecutivo, la Cocopa, el PRD y el gobierno de Chiapas); pero las otras dos, la separación de poderes (el gobierno dividido y el ejercicio de la autonomía del Poder Legislativo) y la división de las elites (entre el Ejecutivo y su partido) gravitaron en el derrotero del movimiento.

Lo anterior no pretende ser una generalización de toda posible respuesta de los movimientos sociales en el régimen democrático mexicano, pero sí pretende mostrar el modo en que éstos explotan las oportunidades provenientes del contexto y cómo se modela su respuesta. El potencial del enfoque de la EOP deberá probarse con otros movimientos, asumiendo que las condiciones propicias para un movimiento no se reproducen en probeta; lo cierto es que, a partir de lo ofrecido en estas líneas, puede decirse que el modelo del proceso político tiene un futuro promisorio.

 

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SODI, Demetrio. Se desempeñaba como senador de la república y miembro de la Cocopa durante la marcha zapatista; entrevista realizada en México, Distrito Federal, el 16 de mayo de 2007 a las 11:00 hrs.

 

NOTAS

1 Agradezco los comentarios recibidos a una versión preliminar de este artículo durante una sesión de seminario del proyecto "Variables estructurales de la dinámica asociativa". Mi especial reconocimiento a los participantes en la mencionada sesión: Jorge Cadena, Fernando Castaños, Sara Gordon, Julio Labastida, Matilde Luna, Cristina Puga, Martha Judith Sánchez, Ricardo Tirado y Francisco Valdés.

2 Para una visión panorámica sobre el particular, véase Cadena Roa (2003), Isunza Vera (2001), León y Marván (1984), Moguel (1987), Olvera (2003) y Ramírez (1989, 1990).

3 La autora hace estas afirmaciones a partir del análisis de 207 casos, cuya selección partió de estudios sobre movimientos sociales en México. Si bien la misma Favela Gavia (2006: 79) reconoce cierto sesgo en la selección de la información (a partir del uso de fuentes secundarias), asume que su enfoque es válido para "identificar ciertos patrones de interacción entre los movimientos sociales y el Estado en México" entre 1946 y 1997. Es decir, no se trata de un ejercicio de investigación concluyente ni necesariamente representativo de la protesta social en el país. No obstante, nos parece que las inferencias obtenidas de esos casos ilustran bien las relaciones de los movimientos con el entorno, máxime que muchos de ellos fueron de la mayor relevancia —el médico, el ferrocarrilero, el estudiantil, por mencionar algunos— y, por esa razón, estudiados por especialistas (justo el criterio de selección de la autora).

4 De los 207 casos, Favela Gavia (2006) encuentra que apenas en 13 se practicó la cooptación de líderes. Esto contrasta con la idea común de que esta práctica era central para desarticular las movilizaciones de protesta, como lo ejemplifican Carton de Grammont y Mackinlay (2006: 698) cuando se refieren a las organizaciones campesinas e indígenas: "uno de los recursos más hábilmente empleados por el régimen del PRI fue la cooptación de los dirigentes opositores o el reconocimiento de la legitimidad social de los mismos cuando éstos asumían posiciones políticamente 'manejables'. Cuando no era así, se recurría al uso de la violencia en contra de las organizaciones disidentes o de sus dirigentes".

5 Nos atenemos al sentido procedimental de la democracia que ha sido utilizado por la corriente de estudiosos de las transiciones democráticas. Así, en términos concretos, tal término define "un sistema legal que, a pesar de sus eventuales deficiencias en otros aspectos, promulga y respalda efectivamente los derechos positivos de votar y ser elegido, así como las libertades 'políticas' incluidas en la definición de dicho régimen" (O'Donnell, 2006: 222).

6 Si bien el foco de atención del presente artículo se encuentra en las dificultades de adaptación de los movimientos al entorno democrático, conviene decir que las instituciones mismas no son las más adecuadas para el contexto actual. Como argumentan Labastida, Castaños y López Leyva (2007), los avances sustanciales se han observado en el ámbito de los mecanismos de acceso al poder (los procedimientos electorales) pero debe reconocerse que, en tanto la democracia mexicana es incipiente, quedan muchos rezagos en el ámbito no menos importante del ejercicio del poder, lo que se traduce en problemas de eficacia en las decisiones de gobierno. Quizás este mismo aspecto sea el que siga incentivando a grupos sociales a movilizarse, ahora no por una percepción extendida de ilegitimidad de las autoridades constituidas, sino de falta de respuesta satisfactoria a las demandas expuestas. Sin embargo, así sigan siendo "justas" las demandas de los movimientos en el régimen democrático, no se deriva de ello que deban actuar como si las condiciones fueran las del pasado autoritario, justamente el argumento que se trata de defender en las presentes líneas.

7 Si bien no se esperaría un cambio "automático" en las acciones de los movimientos ante el contexto democrático, sí sería esperable que éstas fueran congruentes con las condiciones prevalecientes de pluralidad política. Si se recurre al poder público, debe asumirse que éste —en teoría— responde al interés general y no solamente al del grupo que encabeza una práctica contenciosa; por tanto, no puede tenerse la expectativa de una respuesta incondicional a las demandas enarboladas por ese grupo social si antes no pasa por el tamiz de la deliberación/negociación/decisión entre varias de las partes involucradas en el conflicto.

8 Favela (2002, 2006) y Velázquez (2005) son de los pocos autores que han usado este andamiaje teórico como esquema explicativo de los movimientos sociales en México.

9 No se nos escapa que dentro de cada uno de los movimientos estudiados hubo divisiones, representativas de distintas concepciones no sólo de la democracia, también de la forma de actuar frente al conflicto. Es muy probable que este aspecto sea relevante en la explicación de ambos casos, pero justamente de lo que se trata en el presente trabajo es de destacar —en su origen, trayectoria y destino— la variable ambiental en lugar de la organizacional, porque esta última ha predominado en una buena parte de los trabajos que aquí se citan.

10 Todas las traducciones del inglés al español de los textos citados son autoría y responsabilidad nuestra.

11 Al respecto, Ibarra (2005: 131) ha escrito: "un movimiento social es una relación política. Es una relación contenciosa, más o menos conflictiva, entre un grupo social que pretende determinados cambios o se opone a otros sobrevenidos o previstos, y los enemigos de tales cambios, o sus proponentes. Esos enemigos son elites sociales y también instituciones políticas [...] El nacimiento de un movimiento social, sus objetivos iniciales, el reclutamiento de sus efectivos humanos, su organización (recursos materiales, medios de comunicación), su forma y medios de actuación, su discurso, la construcción de identidad colectiva, están determinados por estructuras, contextos, instituciones y elites políticas". No obstante, otros estudiosos ponen en el centro otro aspecto de la definición de movimientos, por ejemplo, que se trata de desafíos que buscan un bien colectivo para un grupo mediante una variedad de tácticas (Oberschall, 2000), o una forma de participación en la que una acción colectiva política la emprende un grupo de la población en desventaja para conseguir un cambio político en desafío de los poderosos (Sandoval, 1998).

12 El énfasis del modelo del proceso político está en el éxito de los movimientos, mientras que en la teoría de la movilización de recursos radica en las estructuras y procesos de los mismos, y en las teorías culturalistas–cognitivas está en los significados e identidades con que se "enmarcan" aquéllos. Al respecto, véase la perspectiva sintética de Schaefer y Carmin (2005). Esa diferencia de énfasis ya lo habían hecho notar Jenkins y Perrow (1997) en un texto clásico, cuando destacaban el éxito de los movimientos analizados (farm workers), el cual podía ser mejor explicado por el ambiente político más que por sus características organizativas internas.

13 De acuerdo con Tanaka (2004: 127), "la clave analítica de la acción colectiva está en gran medida en el Estado y en el sistema político, así como en el tipo de relaciones que establecen con los diversos actores sociales, las conductas que los incentivan o desincentivan, intencionalmente o no, siendo esto válido tanto para los poderes estructurales, fácticos, como para la población más vulnerable. De lo que se trata es de entender el Estado como una red de instituciones formales e informales que generan incentivos, y una estructura de oportunidades políticas para los diversos grupos sociales; de esta manera, ampliamos el campo de reflexión de las elites y las reglas del juego, y del orden del que forman parte, a sus relaciones con la sociedad".

14 No obstante su importancia y utilidad, es debido reconocer que el modelo tiene varias debilidades. Una de ellas es que ha dado pie a toda suerte de interpretaciones en sus conceptos clave y éstos han sido usados de muy diferentes maneras, con lo que se corre el riesgo de una pérdida de su potencial explicativo. Como lo han escrito Della Porta y Diani (2000: 223): "hay falta de consenso en cuáles son las oportunidades relevantes, y el resultado ha sido un crecimiento exponencial de sus dimensiones conceptuales [...] La mayoría de estos problemas conceptuales provienen del modo en que han sido desarrollados, tomando variables de muchos estudios de una gran diversidad de movimientos". Meyer (2004) habla de tres desafíos importantes que tiene que enfrentar la teoría de las oportunidades políticas: a) reconciliar las hipótesis refutables ostensiblemente contrapuestas; b) consensuar los factores del ambiente político que se consideran componentes de la oportunidad, y c) llevar a cabo mayor desarrollo teórico, así como mayor número de aplicaciones empíricas para conseguir la especificación de variables más apropiada para cada caso. Más drásticos aún, Goodwin y Jasper (1999: 28–29) consideran que la teoría "no provee lo que frecuentemente y en muchas ocasiones de manera implícita promete: una teoría universal causalmente adecuada o 'modelo' de los movimientos sociales. Tal teoría invariable y transhistórica es simplemente imposible y no debería, por lo tanto, ser la meta de la investigación".

15 Definida como "señales continuas —aunque no necesariamente permanentes, formales o a nivel nacional— percibidas por los agentes sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que cuentan para crear movimientos sociales" (Tarrow, 1999: 89).

16 Los movimientos sociales pueden percibir oportunidades sobre una base equivocada (los cambios en la fuerza de la oposición) y, por efecto de esta impresión, crear oportunidades reales de cambio donde no había antes, como ha demostrado Kurzman (1997: 76) en su trabajo sobre la revolución iraní de 1979: "la revolución iraní puede ser un caso en el cual la gente vio que la puerta estaba cerrada, pero sintió que la oposición era lo suficientemente fuerte para abrirla".

17 El "modo en que se comunican" y el "modo en que se legitima una protesta a partir de una definición simbólica de la realidad" corresponden a los dos niveles que Klandermans (2001) desagrega como parte de la construcción social de la protesta: "el discurso público y la formación y transformación de las identidades colectivas" y "la comunicación persuasiva de las organizaciones de los movimientos, de sus oponentes y de las organizaciones de los contramovimientos", respectivamente. En lo relativo al "modo en que actúan" corresponde a un punto tratado profusamente en la bibliografía del tema, los llamados "repertorios de acción" (Koopmans, 1993).

18 Por "gobierno dividido" se entiende aquella situación en la que el partido del presidente no tiene mayoría absoluta en la asamblea (50% + 1) (López Rosas, 2001).

19 No sin resistencias. De hecho, el PRI y la Secretaría de Gobernación trataron de boicotear la instalación y toma de protesta de la nueva Legislatura para evitar el control de la mayoría absoluta constituida por la oposición (Bautista, 2001).

20 Esta situación de restricción financiera puede comprenderse mejor si recordamos que a finales de 1994 estalló una crisis económica de efectos negativos muy amplios. La descripción de algunas de las medidas más importantes adoptadas para enfrentarla pueden ilustrar su gravedad: contracción de 10% en el gasto público, incremento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 10% a 15%, incremento en precios entre 25% y 30% y deslizamiento de 1% mensual en el precio de energéticos y agua (Schettino, 1995). No obstante, para Francisco Labastida y colaboradores (2007), el factor explicativo más fuerte para comprender el panorama financiero universitario no fue necesariamente la crisis económica de 1995, sino la caída en los precios internacionales del petróleo, lo que obligaba a hacer ajustes presupuestales constantes. En sus palabras: "en 98, 99 cae el precio internacional de petróleo, en 99 fue a parar, si la memoria no me falla, como a nueve dólares el barril de petróleo; Pemex paga el 38% de los ingresos que recibe el gobierno federal vía impuestos de los derechos tributarios. Cuando el precio del petróleo andaba sobre 18 dólares y cae a 9, a la mitad, los recursos que tenía el gobierno federal se reducen drásticamente [...] En ese momento se ve que una forma para solucionar la escasez de dinero es meter el cobro de cuotas dentro de la Universidad, es decir, había una razón externa".

21 De hecho, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecía: "El acceso a los niveles educativos superiores por parte de jóvenes provenientes de familias extremadamente pobres es especialmente bajo, con lo que el subsidio federal beneficia en gran proporción a población con posibilidades de ingresos para cubrir parcial o totalmente el costo de la educación. Es por ello que, en un contexto de escasez, y dado el monto de recursos que absorben estos niveles, se deben promover esquemas alternativos de financiamiento que permitan reorientar recursos hacia la población con mayores rezagos" (Citado en Boltvinik, 2000: 231). A tono con este diagnóstico, en el momento del cabildeo para recuperar recursos para la UNAM, el Rector declaraba: "si las condiciones son favorables, lo cual quiere decir que la Universidad cuente con un presupuesto que le permita enfrentar las operaciones cotidianas, es muy probable que el próximo año pondremos a consideración de la comunidad el cobro de cuotas que sólo representarían una fracción mínima del costo real de la formación del alumno" (Camarillo y Curiel, 2005: 13).

22 La relación de influencia entre gobierno y Universidad había permitido desde varios años atrás que ésta experimentara un periodo largo de estabilidad. A pesar de los movimientos estudiantiles de los años previos (cfr. Mendoza, 2001), se había logrado esa condición estable fundada en una "diferenciación funcional" en relación con los partidos políticos; esto significaba que los conflictos, hasta entonces, eran intrauniversitarios y se solventaban en la arena interna. La huelga de 1999–2000 rompió con esa estabilidad e introdujo a la institución en el campo de la política y de la confrontación nacional, haciéndola parte del "conjunto de relaciones entre los partidos y de sus conflictos internos en la disputa de los cargos de representación" (Pozas, 1999). En palabras de Millán (2000: 281): "ciertamente los agitados procesos de la reforma política, el fortalecimiento del carácter pluralista de la sociedad y la importancia de la esfera electoral que se consolidó durante esos años ayudaron indiscutiblemente a la estabilidad universitaria [...] Evidentemente, ni las corrientes partidarias ni los grupúsculos de izquierda desaparecieron [de la UNAM] pero fue posible, por las razones anteriores, conducir los asuntos con criterios universitarios en medio de profundas transformaciones del país".

23 Los principales, el retiro del apoyo institucional a las preparatorias populares y las modificaciones a los reglamentos General de Inscripciones y de Exámenes (con las que se restringía el "pase automático").

24 Es de hacerse notar que la consideración del Congreso en relación con el entorno se limita a la mencionada aprobación de un presupuesto menor para la Universidad que incentivó todo el debate sobre las cuotas, como ya se mostró. Pero en el desarrollo del movimiento estudiantil, ese órgano del Estado jugó un papel prácticamente irrelevante, a pesar de la pluralidad política representada en su seno; por ejemplo, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados intentó citar a los secretarios de Hacienda y Educación para discutir la posibilidad de ampliar el presupuesto del sector educativo y así contribuir a desembrollar el problema (La Jornada, 23/V/99). El intento más logrado se verificó con la invitación de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la misma Cámara para que, en ese espacio, se llevara a cabo un encuentro entre el CGH y los representantes de Rectoría; la reunión no se realizó y ambas partes se acusaron del fracaso del encuentro (La Jornada, 15, 22 y 30/VI/99; 01/VII/99).

25 Para reforzar esta imagen, el 6 de mayo se publicaron en el periódico Excélsior fotografías de una reunión entre el delegado en Benito Juárez, Ricardo Pascoe, dirigentes del PRD y líderes universitarios, entre ellos Rodrigo Figueroa, del CEU; para este último, era "muy claro que sólo esa dependencia [Gobernación] pudo haber realizado un video de una reunión estrictamente personal y sin ninguna connotación política" (La Jornada, 07/V/99).

26 Habiendo dejado el cargo, Labastida hizo declaraciones nuevamente arriesgadas. En octubre, afirmó que los estudiantes paristas recibían armas del Ejército Popular Revolucionario (EPR) (lo que produjo la exigencia del rector Barnés de información "verificable" que sustentara tales afirmaciones); en otro momento del mismo mes dijo que el conflicto de la UNAM podía ser utilizado como un elemento de disturbio para las elecciones del 2000 y llegó a aceptar la posibilidad que la Universidad pudiera ser plataforma de lanzamiento de grupos guerrilleros (La Jornada, 07 y 28/X/99).

27 Tono que cambió por completo a la hora de justificar la intervención de la PFP en Ciudad Universitaria en febrero de 2000; Carrasco dio como argumento que el conflicto en la UNAM "dejó de ser un asunto entre universitarios y se convirtió en un asunto de Estado" al alterarse el orden público y derivar con ello en delitos (La Jornada, 07/II/00).

28 La ambigüedad se mantuvo. En septiembre hizo dos declaraciones más. En una dijo que cualquier acción que realizara el gobierno respecto de la UNAM debería contribuir efectivamente a resolver el conflicto y no a profundizarlo y extenderlo; pero advertía que, de no fructificar los esfuerzos para levantar el paro, "habrá que recurrir a soluciones en las que ya no se cuente únicamente con la voluntad de quienes la han paralizado [...] Sería su responsabilidad haber cerrado el camino a la solución negociada". En la otra declaración, dijo que el uso de la fuerza en el conflicto universitario "agravaría el problema, haciendo mucho más difícil su resolución"; por lo tanto, rechazaba el uso autoritario de la ley, "especialmente cuando se trata de resolver conflictos de orden político". Más aún, declaró que la solución a este conflicto no podía "darse desde afuera de la propia universidad" y descartó una intervención suya (La Jornada, 02/IX/99; 01/X/99).

29 En enero de 2000, Porfirio Muñoz Ledo, candidato presidencial del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y otrora militante distinguido del PRD, declaró que el gobierno del Distrito Federal era "el principal responsable del conflicto en la UNAM", pues "tenía siete oficinas desde las que financiaba y apoyaba el movimiento de los estudiantes en huelga. Esta información me la proporcionaron las autoridades universitarias. El apoyo del gobierno de la ciudad al movimiento de huelga universitario fue uno de los motivos de mi ruptura con Cuauhtémoc Cárdenas" (La Jornada, 20/I/00).

30 Debe hacerse notar que tanto el PRD como el gobierno del Distrito Federal tuvieron dificultades para deslindarse del derrotero que tomó el CGH. Aunque lamentaban la virulencia con que manejaban sus acciones, seguían considerando justa la causa de la gratuidad de la educación, lo cual, en un contexto de polarización creciente, los hacía ver como copartícipes de su causa (el argumento en contra suya que manejaban las autoridades universitarias y federales). Esta situación compleja la expone así Robles (2007): "fue una posición bastante complicada de un gobierno que, además, era de izquierda y en cuyo origen un voto muy importante había sido el universitario, de una secretaria de Gobierno que venía de la Universidad, de hacer huelgas en la Universidad y, por supuesto, de un gobierno que compartía la demanda muy legítima de los estudiantes de mantener la gratuidad de una educación superior, en la Universidad particularmente. Eran muchos los elementos que estaban en juego y teníamos que trabajar en un equilibrio muy precario, en una situación muy precaria para poder[nos] sostener y hubo momentos de enfrentamiento".

31 Un análisis del "dilema" que enfrentó tanto el CEU como otras organizaciones para incorporarse a la vía electoral en ese año, puede leerse en López Leyva (2007).

32 Fue tal la tensión que se vivió por ese enfrentamiento que se generó toda una expectativa sobre lo que podría ocurrir en la siguiente manifestación anunciada por el CGH nuevamente sobre Periférico (incluyendo una transmisión televisiva en vivo). El gobierno del Distrito Federal anunció desde días antes que se iba a impedir el cierre de los carriles centrales de esa vía rápida, mientras Mario Benítez, vocero en turno del Consejo, ratificó la decisión de hacer la marcha como estaba programada, pero si había "bloqueo" por parte de los policías, no caerían en "confrontación" y buscarían "una vía alterna" para continuar con el recorrido. A final de cuentas, la marcha de Televisa San Ángel a Los Pinos se realizó por el carril lateral de Periférico sin mayor problema, luego de un breve diálogo en los carriles centrales de dicha avenida (La Jornada, 1, 3, y 6/XI/99).

33 Por ejemplo, en abril de 1999, Agustín Rodríguez, dirigente del STUNAM, amenazaba con expulsar a cualquier sindicalizado que se prestara a laborar fuera de las instalaciones universitarias, pues el sindicato no se prestaría "a ser esquirol del movimiento estudiantil". Pero hacia finales de julio, durante una asamblea del CGH, algunos delegados de diferentes escuelas comenzaron a gritarle a Rodríguez y a sus acompañantes epítetos como charros, vendidos y represores, lo que motivó el disgusto del líder sindical (La Jornada, 27/IV/99; 30/VII/99; 01/VIII/99). Para enero de 2000, Rodríguez había matizado su postura original: "los trabajadores afiliados al STUNAM no participarán en ninguna acción de violencia sea propiciada por quien sea ni tampoco en el cierre o apertura de instalaciones; lo que reclamamos es condiciones adecuadas para el desarrollo de nuestro trabajo" (La Jornada, 28/I/00).

34 No obstante, al mismo Rodríguez (2005: 38) no se le escapa la paradoja en que cayó en CGH: "si bien las expectativas de los integrantes del movimiento eran romper con la lógica de los movimientos anteriores y la política mexicana desarrollada durante el largo periodo priista, muchas veces esas lógicas incursionaron dentro del movimiento —aunque es un hecho que fueron muy limitadas e incluso sancionadas". En sentido contrario, Millán (2000) establece: "el CGH se constituyó como un movimiento claramente antimoderno" porque es "a–reflexivo" e incapaz de "incorporar los avances democráticos del país".

35 Tenemos en cuenta la dificultad para clasificar al EZLN como un movimiento social, en consideración de su origen y permanencia en el escenario político nacional como una "guerrilla". La manera para salvar ese problema en estas líneas consiste en considerar a los zapatistas como una agrupación social que hace uso de formas de acción colectiva variables en el tiempo. De este modo, los meses que salieron de la selva desarmados y con un apoyo multitudinario de la sociedad civil, actuaron como un movimiento social: un desafío contencioso (la marcha misma lo fue, así como su petición de hacer uso de la tribuna del Congreso) que busca ciertos cambios (el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas), en tanto habla en nombre de un grupo social más amplio (los indígenas) en confrontación con los detentadores del poder (los tres poderes de la unión).

36 Un dato que debe tomarse en cuenta en relación con la postura de Fox de abrir el camino a los zapatistas es el referido al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y México que apenas entraría en vigor. Durante las negociaciones que le correspondió llevar a cabo al presidente Zedillo, el gobierno mexicano tuvo que enfrentar la llamada Cláusula Democrática o Cláusula de los Derechos Humanos, la cual implicaba "que la vida política mexicana iba a tener en Europa un aliado y, a un tiempo, un observador y un interlocutor legítimo para asuntos de la democracia, el respeto de los derechos humanos y las políticas públicas sobre educación, migración, desarrollo y atención a la pobreza". Estos temas habían sido una preocupación de los diputados europeos desde el alzamiento del EZLN, por lo que resultaba hasta cierto punto natural su incorporación en el mencionado acuerdo (de hecho, en un documento elaborado por la eurodiputada Miranda de Lage para justificar su aprobación, decía que se requería una agenda que "pueda prestar su concurso a la democratización completa del sistema político mexicano [...] a una solución negociada al conflicto en Chiapas"). Ya en 2000, Fox viajó a Europa habiendo ganado las elecciones, y en Francia anticipó su disposición para lograr el restablecimiento de la paz en Chiapas. Más aún, en una especie de aprobación del juicio e intervención europea, declaró: "hay una enorme satisfacción por lo que pasó el 2 de julio; recordarán que estaba de alguna manera condicionada la última firma del TLC a los resultados de las elecciones en México. Y una vez que Europa ha visto el resultado plenamente democrático, esta transición rápida a la democracia ha despertado nuevamente el interés en Europa" (Vizcaíno, 2004: 87 y ss.).

37 ¿Por qué comenzar con Chiapas? Si seguimos la interpretación de Aguilar y Castañeda (2007), dos testigos cercanos al poder presidencial, Fox quería comenzar su administración con un acto espectacular para tomar distancia del gobierno anterior y resaltar una de las líneas prioritarias de su gobierno. En la percepción del gobernante, además de tratarse de un problema factible de resolver y políticamente rentable, "podía simbolizar los nuevos tiempos de la democracia mexicana".

38 En febrero de 1996, el EZLN y el gobierno federal firmaron los acuerdos de la primera mesa de negociación, "Derechos y cultura indígena" y encargaron a la Cocopa su traslado a una iniciativa de ley. En noviembre del mismo año, la Comisión presentó un documento, intitulado "Propuestas de reformas constitucionales. Iniciativa de ley Cocopa"; el EZLN lo aceptó, a pesar de reconocerlo todavía insuficiente en algunos puntos, pero el presidente Zedillo se negó a hacerlo, no lo sometió a consideración del Congreso y le hizo una serie de observaciones que, en la práctica, representaban una nueva propuesta. En enero de 1997 quedó suspendido el diálogo; hacia marzo del año siguiente (1998), Zedillo presentó al Senado la versión modificada que fue motivo de la ruptura con los zapatistas (Cfr. Singer, 2004; Toussaint, 2001).

39 Según la interpretación de Lajous (2003), Marcos presionó a los legisladores todo lo que pudo; mientras el Congreso debatía los mecanismos para escuchar la posición zapatista, el subcomandante acusó a sus integrantes de racistas y terminó chantajeándolos con el anuncio de su partida. Vale recordar que el último día de su estancia, afuera de la Cámara de Diputados, sentenció: "nos mintieron"; horas más tarde, al conocerse el acuerdo de los diputados para recibir a los zapatistas, el talante de su discurso cambió de agresivo a uno más conciliador (La Jornada, 23/III/01).

40 En la Cámara de Senadores, las reformas constitucionales fueron aprobadas por unanimidad en lo general, incluyendo el voto del PRD a favor; en la Cámara de Diputados, la aprobación fue por mayoría, contando con 386 votos a favor (PAN, PRI y PVEM) y 60 en contra (PRD, PT y cinco diputados del PRI) (La Jornada, 26 y 29/IV/01).

41 Para Xóchitl Gálvez (2007), titular de la oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el desencuentro con el Poder Legislativo tenía su razón de ser en el funcionamiento efectivo de la democracia, en comparación con el régimen anterior: "estábamos estrenando otras formas de democracia, estábamos estrenando un poder que quería tener identidad propia, que no la había tenido durante muchos años; que te voy a decir, muchas cosas nosotros se las teníamos prácticamente que hacer para que las sacáramos. Esta separación de poderes tiene mucho sentido, porque el Legislativo tiene una incapacidad jurídica para hacer cosas razonablemente bien, que siempre tuvieron esa dependencia absurda con el Ejecutivo".

42 Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

43 Sintomáticamente, Aguilar y Castañeda (2007: 84) arguyen que la estrategia del Ejecutivo iba en sentido similar de aprovechar el "bono democrático" por su elección como presidente y su relación empática con la ciudadanía: "ni en la visión ni en la composición de su gobierno Fox había previsto una relación privilegiada con el Congreso. No creía que los asuntos de gobierno salieran por la vía del Congreso. Toda la estrategia de Fox se centraba en el apoyo ciudadano expresado en las urnas [...] había recogido la idea de que en las grandes democracias, los presidentes apoyaban sus iniciativas primero en la gente, en la opinión pública, y luego las cabildeaban con los congresistas para sacarlas adelante. Y estos últimos se veían obligados a tener en cuenta a sus electores".

44 Incluso el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, hizo pronunciamientos públicos en los que exhortaba al presidente Fox a ejercer su "autoridad política, moral" con los integrantes de su partido, para que saliera la iniciativa y se pusiera fin al "doble juego" de querer la paz, donde el presidente la apoya, pero su partido se resiste a ella (La Jornada, 10 y 18/III/01).

45 El acuerdo se aprobó por 220 votos a favor, 210 en contra y siete abstenciones (La Jornada, 23/III/01).

46 De acuerdo con la versión de Demetrio Sodi (2007), la aprobación en el Senado fue producto de una negociación entre legisladores de todos los partidos que siempre contó con la presencia de los "abogados zapatistas"; de hecho, la recomendación que hicieron ellos, al momento de la votación, fue de hacerlo a favor: "es lo mejor que se puede obtener". No obstante, la decisión del EZLN de rechazar las reformas produce una avalancha de comentarios desfavorables hacia los senadores del PRD que se refleja en la posterior votación contraria de los diputados. La impresión de Sodi es que este partido optó por no pagar "un costo político con los zapatistas", aunque finalmente lo hayan terminado por hacer.

47 Marcos emitió un comunicado, dos días después de que Salazar asumiera la gubernatura, en donde se refirió a él en los siguientes términos: "el señor Salazar tiene ahora la posibilidad de contribuir, primero, a la reanudación del diálogo, y posteriormente a que éste avance con seriedad y responsabilidad hasta llegar al fin de la guerra y el inicio de la construcción de la paz con justicia y dignidad" (La Jornada, 11/XII/00).

48 El 8 de marzo, el gobernador anunciaba que a partir de esa fecha no quedaba en la cárcel ningún preso de su responsabilidad (La Jornada, 09/III/01).

49 Cabe hacer mención de la presencia de aliados internacionales en este contexto. Ante la política de apertura practicada por el presidente Fox, cantidades significativas de grupos y personalidades extranjeras entraron al país para apoyar la causa de los zapa tistas y sumarse a la marcha (es de destacarse el papel que jugaron los monos blancos durante el recorrido indígena, papel que originalmente se le había solicitado representar a la Cruz Roja Internacional). No obstante, su presencia y activismo no gravitó en el resultado final, porque en la deliberación y decisión del Congreso de la Unión, pesaron condicionantes de carácter interno, como se trata de mostrar en estas líneas.

50 César Nava, enlace de los diputados del PAN con el presidente Fox, aclaró bien este punto: "La iniciativa que mandó el Ejecutivo es un gesto de forma y de fondo. Es el complemento de un compromiso de la palabra presidencial empeñada en campaña y nada más. Esa posición no puede vincular ni vincula de ninguna manera al grupo parlamentario del PAN y mucho menos al Congreso de la Unión" (La Jornada, 04/II/01).

51 A diferencia de la Cámara de Diputados, en la de Senadores se rechazó la posibilidad de recibir en el salón de plenos al EZLN; la votación: 52 senadores en contra y 44 a favor (La Jornada, 23/III/01).

52 Fox mandaba señales en una línea a los zapatistas y a los miembros de su partido: a los primeros quería hacerles ver que, con su llegada al Congreso, no podían "imponer la iniciativa Cocopa tal cual, sino que tendrán que discutir y negociar los puntos más difíciles" (de Marcos dijo: "va a conocer las realidades de un Congreso, cómo se debate y cómo nadie puede llegar y decir: 'aquí lo que yo pienso es lo que se tiene que hacer'"); a los segundos los exhortaba a conducirse bajo el "indispensable principio del respeto entre entidades de naturaleza distinta: el gobierno es gobierno y el partido es partido" (La Jornada, 5, 13 y 26/III/01).

53 El presidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, se hizo eco de las posiciones divergentes de Calderón y Fernández. Un par de ejemplos: "nosotros entendemos que el presidente envía la iniciativa de la Cocopa como un gesto que abona a los diversos planteamientos hechos por el EZLN para reiniciar el diálogo, no tanto con el afán de que se apruebe tal y cual, sino 'yo envío la iniciativa' que el anterior presidente no había querido enviar y aquí está un hecho contundente [...] el mandatario envía una iniciativa y, como él mismo dice, 'el presidente propone y el Congreso dispone'"; "Marcos ha estado diciendo mentiras y se le han probado. Ésta es una de ellas. El que diga que el Congreso no lo quiere recibir y que el PAN no tiene voluntad de dialogar o que tiene una actitud racista, ¡es una patraña! ¡Es una mentira más de las tantas que ha dicho en los últimos días!" (La Jornada, 25/I/01, 21/III/01).

54 En la 18 Asamblea Nacional del PAN, el senador Fernández de Cevallos extremó su posición. Lamentó la promoción y consentimiento que el presidente Fox había tenido hacia los zapatistas y reconoció las presiones a que había sido sometido él por personajes del gobierno federal (particularmente de Rodolfo Elizondo y Luis H. Álvarez). Fue más allá, al decir que Marcos nunca se imaginó poder tener un promotor o un publicista como el que tenía en la Presidencia de la república En ese mismo evento, Bravo Mena aseguraba que entre el partido y el gobierno debería existir una vinculación democrática, en la que el firme respaldo del partido a la administración de Vicente Fox no era ni sería sumisión presidencialista, ni la militancia panista del jefe del Ejecutivo y de otros funcionarios sería signo de fusión sectaria (La Jornada, 25/III/01).

55 Velasco (2003: 216–219) considera que una causa más de que la reforma constitucional no hubiese correspondido con la iniciativa Cocopa radicaba en la "situación verdaderamente compleja en la que sobreviven los pueblos indígenas mexicanos". Más allá de las interpretaciones que valoran el prejuicio de los legisladores (su temor a que se debilitara la integridad del Estado mexicano), la técnica jurídica necesaria para estas reformas (la necesidad de ajustes al lenguaje constitucional para evitar ambigüedades) o la falta de una "fuerza política autonomista, popular e independiente" que empulsara los cambios, la dificultad para establecer derechos precisos de poblaciones indígenas no homogéneas (por razones de pobreza, marginación, dispersión geográfica, diversidad religiosa y un largo etcétera) gravitó —conscientemente o no— en la decisión del Congreso.

56 Como podrá deducirse, la separación de poderes tuvo poca relevancia en la explicación de este movimiento.

57 Quiero reconocer la ayuda de Diego Armando Rodríguez Cortés en la recopilación de información periodística para el caso de la huelga en la UNAM.

58 Agradezco a quienes hicieron las gestiones para realizar las entrevistas, en especial a Julio Labastida. Asimismo, quiero agradecer la colaboración de Diana Georgina Godínez Juárez en la transcripción de las entrevistas de Xóchitl Gálvez, Rosario Robles y Demetrio Sodi, y de Diego Armando Rodríguez Cortés en la de Francisco Labastida.

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